lunes, 30 de junio de 2025

Oficina Senatorial, Asociación y Colegio de abogados de S.P.M. concluyen diplomado sobre derecho migratorio y consular

 

Aracelis con pergamino


SAN PEDRO DE MACORIS. La Oficina Senatorial, en coordinación con la Asociación Dominicana de Abogados (ADOMA), la seccional del Colegio Dominicano de Abogados en esta ciudad, concluyó con el Diplomado en Derecho Migratorio y Consular.

Se trató de una iniciativa formativa que fortaleció las capacidades jurídicas de decenas de profesionales del derecho en la provincia.

El acto de clausura se celebró en las instalaciones de la Oficina Senatorial de la calle Mella, donde fueron entregados los certificados de participación a los egresados del diplomado.

La ceremonia estuvo encabezada por la senadora Aracelis Villanueva, quien reafirmó su compromiso con la formación continua de los profesionales del derecho y el fortalecimiento institucional.

También estuvo presente la gobernadora Yovanis Baltazar, quien acompañó a la senadora durante el evento, respaldando esta importante iniciativa de formación jurídica que impacta directamente en la mejora de los servicios legales relacionados con temas migratorios.

El diplomado fue impartido por el profesor Nelson de León, especialista en temas migratorios.

Al finalizar la actividad, los participantes compartieron en un ambiente de camaradería, disfrutando de una exquisita picadera ofrecida por la Oficina Senatorial como muestra de agradecimiento y cierre especial a esta jornada de aprendizaje.

Durante la actividad se destacó el valor del diplomado para el ejercicio profesional ético y actualizado, especialmente en un contexto donde los temas migratorios adquieren cada vez mayor relevancia en el ámbito nacional e internacional.

Enfermos mentales siguen sin rumbo fijo e ignorados por las políticas del Estado

 



LA ROMANA. La creciente presencia de personas con trastornos mentales que deambulan por parques, sectores y calles de La Romana mantiene alarmados a los residentes de esta provincia, generando miedo, intranquilidad e inseguridad al caminar por las aceras, avenidas y vías públicas. Los munícipes expresan temor al ver a un enajenado mental acercarse, ya sea cuando están caminando o mientras descansan en un banco de alguno de los parques de la ciudad, debido a la incertidumbre sobre su posible reacción, que podría representar un peligro físico tanto para los ciudadanos como para sus vehículos.

Es evidente la presencia de personas con trastornos mentales en espacios públicos, lo que refleja la ausencia de un plan estatal concreto que contemple tratamiento y albergue para su atención. Los incidentes diarios en la ciudad incluyen desde individuos lanzando piedras, portando palos o botellas, hasta escenas denigrantes de personas completamente desnudas caminando por la vía pública. Algunos incluso han tomado los parques como lugares para bañarse a plena vista, ocupando bancos, plazoletas y aceras, obstaculizando el libre tránsito de los ciudadanos.

PROVINCIAL DE SALUD

Frente a este escenario, la directora provincial de Salud, doctora Carmen Jiménez, expresó estar consciente de la situación que afecta a la ciudadanía. En ese sentido, informó que en los próximos días se llevará a cabo una mesa de trabajo con todas las entidades gubernamentales involucradas, con el objetivo de abordar esta grave problemática y brindar una solución a la comunidad.

OPINION DE LAS AUTORIDADES

Ante esta creciente problemática, autoridades políticas, civiles y de salud han expresado su preocupación. Tal es el caso del senador Edward Espiritusanto, quien desde su curul en el Senado de la República solicitó la rápida intervención del Gobierno ante el alarmante panorama en que se encuentra La Romana, señalando además que esta situación afecta negativamente la imagen turística de la provincia. En la misma línea, el regidor Federico Guerrero sometió —y fue aprobada— una resolución del Concejo de Regidores, mediante la cual se solicita al Ministerio de Salud Pública y al director del Servicio Nacional de Salud la intervención urgente, a través de sus representantes locales, para retirar de las calles tanto a personas con trastornos mentales como a aquellas afectadas por adicciones a sustancias controladas.