Por: Lic. Julio César Concepción Rodríguez, MBA.,
Mail:jcconcepcion@yahoo.com
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La República Dominicana tenazmente entra en acuerdos multilaterales internacionales, que la hacen miembro signatario de esos pactos, formar parte con voz y voto en los organismos de acreditación regional, con la firma de estos protocolos, indiscutiblemente el país se abre un abanico de mayor escala para ofertar y ampliar lo que son sus ofertas de servicios y productos, así mismo la gran posibilidad del crecimiento económico a través del incremento de la comercialización internacional.
El gasto social es un poderoso instrumento para reducir la pobreza, lograr una mayor equidad y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de un país. En un estudio, reciente publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Una mirada al gasto social en Centroamérica, Panamá y República Dominicana: 2007-2013”, se hace una caracterización sobre diferentes variables que han llevado el gasto social de la región a su nivel actual donde la Rep. Dom., tiene una connotada incidencia estadística.
Ante la importancia que cobra cada vez la acreditación local e internacional en los procesos de calidad, a muchos países de la región les ha tomado mucho más tiempo poder ingresar a esos organismos de revestimiento multilateral e internacional, sin embargo la “República Dominicana, desde septiembre de 2013; viene formando parte activa del InterAmerican Accreditation Cooperation (IAAC), asociación que agrupa a los organismos de acreditación de las Américas, que en su asamblea anual tiene como objetivo primado el de promover y avalar la calidad de los bienes y servicios producidos de los países miembros.
Remuneraciones absorben parte del gasto social
Las remuneraciones son uno de los rubros más importantes del gasto en los sectores de educación y salud. Durante el período comprendido entre 2007-2013, el gasto total del Gobierno Central en República Dominicana se incrementó en un 35%, según consta en un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Gran parte de esos recursos han sido utilizados en gasto social, principalmente en salud y educación, de acuerdo al libro “Una mirada al gasto social en Centroamérica, Panamá y República Dominicana: 2007-2013”.
El gasto social en la República Dominicana representa, en promedio, más del cincuenta por ciento (50%) del gasto total del sector público. Esto lo convierte en un poderoso instrumento para reducir la pobreza, lograr mayor equidad y aumentar los niveles de educación y salud, lo que implica una mejora en la productividad y las condiciones de vida de la ciudadanía del país.
En la República Dominicana el aumento más significativo se dio entre funcionarios administrativos de los sectores de educación y salud. Sin embargo, conforme los indicadores que investigamos, el aumento del gasto en remuneraciones fue principalmente producto de una expansión del empleo, no de una mejora de los salarios.
Las acumulaciones de riquezas para el desarrollo del país
La disposición para hacer el bien y el amor por el prójimo deben capitanear las iniciativas para el desarrollo. Lo que convoca a procurar una realización social basada en valores y principios éticos, para reproducir vínculos que potencialicen la propensión del bien y la pasión por el prójimo, que requiere la consolidación y sanidad del Estado y la sociedad dominicana.
Por lo impactante de esta tarea, para el hombre y la mujer dominicana ir tras espacios, que aseguren ciertamente el progreso y el desarrollo integral, es su firme criterio, que para proveernos de las principales columnas requeridas para su éxito, obliga una vinculación y dependencia, con el pensamiento y forma de proceder, del más perfecto y confiable de todos los amigos que podemos tener, y es mantener la fe en el gran hacedor del mundo.
Para ser entes sociales realizados, debemos proponernos entrar en el círculo de los amigos del pensamiento universal sobre el bien común para todos, con la finalidad de construir una nación sustentable, tomando el camino y las enseñanzas que nuestro Mesías y Salvador nos indicó. Un nuevo mandamiento que es el amor, como médula cardinal de la paz.
El tratado de libre comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta) después de más de diez años de ser implementado, es incesablemente debatido, porque la población no percibe los beneficios, que inicialmente se plantearon en su concepción, lo que obliga a aclarar algunos conceptos, cruciales. Es apropiado aclarar que los acuerdos comerciales regionales son formas de asociación entre países, que por conveniencia mutua y proximidad geográfica, han existido desde épocas remotas, con particularidades más sencillas que las que se han adoptado desde finales del siglo pasado hasta el presente. Actualmente las estadísticas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en su portal se registran alrededor de 160 acuerdos regionales de comercio vigentes, concertados entre sus miembros, el artículo XXIV del GATT de 1994, hace referencia sobre uniones aduaneras y zonas de libre comercio, que permite la realización de ese tipo de acuerdos preferenciales.
En el DR-Cafta, se supone o sin suponer, cada país negoció la desgravación arancelaria nacional, con respecto a los Estados Unidos, según sus específicas estructuras de protección, y se establecieron las reglas de origen correspondientes, para evitar la triangulación comercial de otros orígenes no partes del tratado.
En general, se realizaron intensas consultas con todos los sectores productivos de República Dominicana. Al negociarse el DR-Cafta, para entonces alrededor de 30% de las partidas arancelarias del arancel dominicano ya estaban en nivel cero (0) de acuerdo con las concesiones consolidadas en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, del cual el país ha formado parte desde el año 1950, y de algunas reformas del Arancel dominicano. La mayoría de las partidas arancelarias que se incluyeron en la canasta (A), de eliminación inmediata de aranceles, del DR-Cafta, correspondieron a insumos, aprobadas por dichos sectores como resultado de las citadas consultas, cuya liberalización, por definición, beneficiaría tanto a los productores nacionales como a los consumidores.
