Andrés Dauhajre hijo
Una de las reformas estructurales más importantes ejecutadas en el país a principios de este siglo, fue la reforma de pensiones que se aprobó en el marco de la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social en el 2001.
Recuerdo la primera vez que la Fundación Economía y Desarrollo invitó al país al economista José Piñera, quien había liderado la primera reforma de pensiones basada en el principio de la capitalización individual en el Continente.
En aquel momento, pocos dominicanos favorecían un sistema donde el monto de la pensión que recibiría el trabajador en su edad de retiro, dependería en parte de su aporte a una cuenta de capitalización durante sus años actividad y de las ganancias que recibiría el trabajador cuando la administradora de fondos de pensiones elegida por él, invirtiese sus ahorros.
A muchos, la fuerte presencia privada y la limitada participación del Estado bajo el nuevo esquema, les resultaba extraño pues se habían acostumbrado a los esquemas de pensiones basados en el sistema de reparto, donde los que hoy trabajan aportan para que los retirados cobren sus pensiones, con la esperanza de que los que trabajarán en el futuro aportarán para que ellos puedan cobrar las suyas.
Bajo este sistema, cualquier faltante para pagar las pensiones en la edad de retiro, terminaría corriendo por cuenta del Estado. No es por casualidad que en toda Europa están introduciendo reformas a sus sistemas de pensiones para prolongar la edad de retiro y, si fuese necesario, reducir el porcentaje del salario utilizado para determinar el monto de la pensión.
Piñera volvió a visitar el país años después de haberse iniciado la reforma de pensiones basada en la capitalización individual, esta vez invitado por Eduardo Grullón, Presidente de la AFP Popular, quien desde la primera visita de Piñera al país entendió el impacto extraordinario que esta reforma podría tener en nuestro país.
Han pasado 10 años desde que los primeros aportes de los trabajadores dominicanos comenzaron a ser registrados en las cuentas de capitalización individual. En septiembre del 2003, 570 mil trabajadores tenían balances en sus cuentas; diez años después, un millón 350 mil trabajadores tienen balances.
Del equivalente de US$4 millones que estaban depositados en las cuentas de capitalización individual en julio del 2003, hoy día los balances ascienden a US$4,116 millones (7% del PIB). Dado que en Chile, a los diez años de la reforma, los fondos de pensiones representaban el 31% del PIB, está claro que estamos rezagados.
Parte de la explicación del porqué nuestros fondos de pensiones muestran un rezago en cuanto al balance en las cuentas de capitalización individual como porcentaje del PIB en comparación con Chile al final de los diez años de haberse iniciado la reforma, la encontramos en el hecho de que mientras en Chile en ese momento los cotizantes al sistema de pensiones representaban el 51.8% de la fuerza laboral, en RD apenas representan el 28.7%.
El elevado nivel de informalidad de la economía dominicana está limitando la capacidad del sistema de pensiones de impactar de manera más decisiva en el crecimiento económico y el desarrollo integral de la nación. Una reforma laboral que contribuya a reducir la informalidad, aceleraría el crecimiento de los cotizantes al sistema de pensiones.
Sin embargo, lo anterior sólo explica una parte del rezago. La otra parte se debe a que en Chile, como bien ha planteado Piñera “del capital total en las cuentas de ahorro, sólo un 23% se debe a los aportes de los afiliados mientras que un 73% se origina en la rentabilidad de los fondos.” Cuando analizamos en qué han invertido nuestras AFPs los balances de las cuentas de capitalización, encontramos que la regulación existente las ha forzado a canalizar prácticamente el 90% en títulos financieros del Banco Central, de los bancos múltiples, y del Gobierno.
En Chile, sin embargo, la normativa ha sido más flexible, permitiéndoles a las AFPs invertir en una amplia gama de instrumentos de inversión.
Joshua Goodman, en un reportaje publicado en Business Week el 31 de mayo del 2004, indicaba que “los automovilistas en Chile no tienen que esperar hasta los 65 años para gozar de su sistema de pensiones privado. Cada día miles lo gozan cuando aceleran en la recién inaugurada carretera de Santiago a Viña del Mar construida por Rutas del Pacífico y financiada con los enormes fondos de las AFPs.
Un aviso les recuerda a los automovilistas: ‘Sus ahorros financian esta carretera, y esta carretera financia su jubilación’. Sólo este año las AFPs esperan comprar cerca de US$ 1.000 millones en bonos locales emitidos para financiar proyectos de infraestructura como esa carretera”.
Pero no sólo carreteras han financiado las AFPs chilenas. A final del 2009, la inversión total de las AFPs en acciones y bonos de empresas eléctricas ascendía a US$7,618 millones, equivalente al 8.2% del total de los fondos de pensiones. Estas inversiones han generado altos retornos a los trabajadores chilenos.
¿Sería descabellado que ahora que el Gobierno dominicano y el sector privado han tomado la decisión de invertir en plantas generadoras a carbón muy eficientes y de alta rentabilidad, se permita a las AFPs invertir en “bonos de infraestructura para el desarrollo” que podrían emitirse para financiar el cambio de la matriz de generación eléctrica en el país? No sólo la cartera de inversiones de las AFPs podría obtener un mayor retorno en beneficio de los trabajadores, sino que al tener a casi un millón y medio de trabajadores con “intereses” en el sector eléctrico, el Gobierno se agenciaría el apoyo de un aliado de mucho peso para combatir el fraude en el consumo y racionalizar la política de subsidio en el consumo de electricidad. l - See more at: http://www.elcaribe.com.do/2013/07/29/fondos-pensiones-sector-electrico#sthash.vru3aKdH.dpuf
No hay comentarios:
Publicar un comentario