Por: Julio César Concepción R.
Hasta mediado de la década del 50, el cooperativismo dominicano transitó por senderos de rápido crecimiento, llegando a constituirse en la esperanza de amplios sectores populares en la lucha contra las desigualdades sociales.
El cooperativismo dominicano se vio impulsado por la vasta experiencia en la materia, de la orden sacerdotal de los Scarboros, clérigos de origen canadienses, quienes se encargaron de la importante tarea de propagar el cooperativismo en todos los rincones de la geografía nacional.
La emisión de juicios que resultaban en desafectos al régimen dictatorial de Trujillo. Ante un pronunciamiento referente a que el cooperativismo estaba llamado a romper con el estatismo en la sociedad, cuya expresión no pasaba de ser una inspiración filosófica del clérigo, los organismos de represión del régimen trujillista respondieron con la deportación del Padre a su tierra natal, Canadá.
Desde ese momento el cooperativismo entra en una profunda crisis, que se extendió hasta el 1963, año en el que se crea la ley que da origen al IDECOOP. Más adelante, en 1964 se crea la ley 127 como estamento jurídico del cooperativismo dominicano, que al igual que en muchas naciones de América Latina, había nacido sin un amparo legal de tal naturaleza.
Sin embargo, y a pesar del nacimiento del marco jurídico, el cooperativismo dominicano se mantuvo en franco estado vegetativo, hasta el 1983. Cuando comienza a gestarse una nueva era para el cooperativismo de ahorro y crédito en el país, con el auspicio de la Universidad de Ohio, la Agencia Internacional Para el Desarrollo Internacional de Los Estados Unidos, (USAID) y el Banco Central de la República Dominicana.
Con la realización de minuciosas investigaciones de la realidad social en el área rural de la República Dominicana, cuyo propósito fue el de conocer la capacidad de ahorro y las necesidades de financiamiento de amplias zonas del campo, el Programa de Movilización de Ahorro Rurales (PMAR) y el Programa de Servicios Financieros Rurales, (PSFR) contribuyeron significativamente a forjar una nueva etapa en la administración y control financiero de nuestras cooperativas de ahorro y crédito.
De igual forma, en el seno de estos programas se generaron las condiciones para la formación de un nuevo órgano de integración cooperativa, que aunque no se rige por la Ley 127, como sería el caso de una federación, su objetivo fundamental, es y será, el de fomentar las empresas cooperativas viables, bajo condiciones de mercado.
En este ambiente nace la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, Inc. (AIRAC), bajo la Orden Ejecuta 520, hoy transformada en Ley 122-05. El aporte económico de las cooperativas miembros de AIRAC es incuestionable, toda vez que se analiza el componente de valor agregado en sueldos y salarios, renta del capital y beneficios anuales, que generan estas empresas.
El cooperativismo de ahorro y crédito contribuye a generar y mantener empleos, lo mismo que a solucionar problemas económicos directamente a sus asociados. Con 50 oficinas en la Región del Cibao, 17 en la Región Sur y 20 en la Capital y el Este, el cooperativismo representado por AIRAC, lleva servicios financieros a sectores que en el pasado no eran tomados en cuenta por la banca regulada. El éxito exhibido por las cooperativas ha provocado un cambio en la conducta del banquero dominicano, poniendo un interés en el microcrédito y las comunidades rurales, donde ya se observa una presencia notable de la banca tradicional, diferente a épocas pasadas.
La incidencia social y económica de este subsector del cooperativismo de ahorro y crédito no puede ser pasada por alto. Más aun, el aporte en materia de administración y control financiero que ha realizado el Sistema de cooperativas AIRAC es altamente significativo para el cooperativismo dominicano, por cuanto ha roto con viejos esquemas que impedían el crecimiento y el desarrollo económico y social de estas instituciones, definidas como de economía solidaria.
Aportar al desarrollo y al cooperativismo nacional
La principal reforma estructural necesaria en República Dominicana para disminuir la pobreza, es apostar a un mayor desarrollo del cooperativismo nacional.
El informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, le ha servido al Gobierno para confirmar, que a pesar del crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto, que el país ha experimentado por varios años; el actual modelo económico desarrollado incide muy tímidamente en la disminución de la pobreza.
Es lamentable reconocer que a pesar de todo el crecimiento que ha experimentado el país, aún existe un nivel de pobreza que afecta al 38.1% de la población, el país debe implementar otro modelo de desarrollo como el cooperativismo, a través de más inversiones en la creación de más cooperativas que ayuden a la generación de empleos, empresas familiares, industrias, y fincas comunitarias para producir productos agrícolas de consumo interno y de exportación. Ante el escenario que plantea el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), mirar hacia el cooperativismo como un modelo alterno de desarrollo económico y social.
La creación de más cooperativas que ayuden a la generación de empleos, empresas familiares, industrias, y fincas comunitarias para producir productos agrícolas de consumo interno y de exportación, es una iniciativa que fomentará el crecimiento sostenible y es elemento de apoyo para estímulo a emprendedores.
El autor es: C.P.A., MBA.
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