Centros de rehabilitación de La Romana piden más apoyo del Estado para atender adicciones

 

LA ROMANA. Directores de fundaciones y centros de rehabilitación para personas con Trastornos por Uso de Sustancias (TUS) en La Romana solicitaron mayor apoyo y acompañamiento del Estado para continuar trabajando en la recuperación y reinserción social de personas afectadas por las adicciones. Las declaraciones fueron ofrecidas en medio del debate surgido tras la muerte de un joven ocurrido a principios de este mes en uno de esos centros.

La situación ha generado opiniones divididas en distintos sectores de la sociedad. Mientras algunas personas reclaman el cierre de los centros que no cuenten con los estándares institucionales requeridos, otros consideran que estas instituciones necesitan mayor respaldo gubernamental para mejorar sus condiciones de funcionamiento.

Representantes de los centros señalaron que actualmente el Estado no dispone de suficientes instalaciones públicas para atender esta problemática, por lo que consideran necesario fortalecer el apoyo a las fundaciones que trabajan en la rehabilitación de personas con adicciones.

Entre los casos expuestos figura la Fundación Nuevo Renacer Mujeres, dirigida por la pastora María Torres, conocida como «Bibi», quien explicó que desde hace cinco años la institución ofrece asistencia a mujeres con problemas de consumo de sustancias y actualmente alberga a 18 internas.

Torres afirmó que los recursos económicos resultan insuficientes para cubrir los gastos operativos del centro, incluyendo alquiler, alimentación, energía eléctrica y productos de higiene personal.

Torres afirmó que los recursos económicos resultan insuficientes para cubrir los gastos operativos del centro, incluyendo alquiler, alimentación, energía eléctrica y productos de higiene personal.

Indicó además que la única ayuda fija que reciben actualmente proviene de la Gobernación de La Romana mediante el suministro de alimentos cocinados para el almuerzo.

Asimismo, dijo que, con más ayuda del Estado y acompañamiento de instituciones relacionadas con esta problemática, podríamos rescatar a más mujeres.

TESTIMONIOS
Durante un recorrido realizado en centros de rehabilitación de La Romana también fueron recogidos testimonios de mujeres que aseguran haber logrado cambios importantes en sus vidas tras ingresar a estos programas de recuperación.

Por motivos de privacidad, los nombres de las internas fueron omitidos. Una de ellas, de 50 años, relató que el consumo prolongado de drogas y alcohol deterioró considerablemente su estado físico, al punto de aparentar una edad mucho mayor. La mujer, residente del sector Villa Consuelo en Santo Domingo, expresó que llegó a un momento en el que «tocó fondo» y perdió el control de su vida.

La exadicta afirma que desde niña le gustó escribir y logró varios premios, además que comenzó a estudiar Ciencias Veterinaria, de la cual no se pudo graduar, también estudió y se graduó de contabilidad básica, trabajó en instituciones públicas y privada como asistente.

La dama manifiesta que comenzó a consumir al mezclarse con personas de ese mundo, los cuales no aparentaban consumir, porque eran de cierta clase social media alta, y también por problemas surgidos dentro del hogar materno entre sus padres y hermanos.

Relata que su día a día dependía de conseguir lo que fuera posible para sustentar el vicio de las drogas y el alcohol, al punto de que vendía los artículos de la casa y hasta llegó a prostituirse a cambio de dinero para satisfacer el consumo.

«Lo más difícil para una persona adicta a las drogas y el alcohol es que se levante en la mañana y no tenga para comprar, a mi me daban hasta convulsiones.

Yo vine aquí de 74 libras y hoy gracia a Dios y la pastora tengo 108 libras», expresó.
Sostiene que recibió ayuda de un grupo de cristianos, quienes la sacaron de su casa y a sus hijos, porque la misma era un lugar de consumo de amigos pudientes de su expareja.

Los cristianos canalizaron traerla a la fundación, donde asegura ha recibido las atenciones que necesita, y que anhela reunirse con sus hijos para brindarle el amor y apoyo de madre, a la vez que dijo que esta escribiendo el libro Nuevo Renacer, en honor a la institución de rehabilitación, en el que plasma una biografía de su vida completa.

Otra historia triste es la contada por otra joven de 26 años, relata que inició consumiendo alcohol y marihuana, con apenas a los 16 años, acompañada de un grupo de amigos, en el que siguió consumiendo otras sustancias.
«Mi vida cambio, yo vivía para consumir y vivía para consumir» afirma la joven rescatada.

Relata que a temprana edad hizo el esfuerzo de estudiar Psicología Clínica en una universidad de Santo Domingo de donde es oriunda, pero que los vicios pudieron más que ella y tuvo que dejarla de estudiar.

Afirma que durante mucho tiempo hizo lo necesario de buscar ayuda por medio de programas ambulatorios, consultas con psiquiatras, psicólogos, uso de medicamentos, pero no podía parar de consumir, hasta que le trajeron al centro.

Sostiene que luego de ingresar a la fundación su vida se ha organizado, emocionalmente, en el ámbito financiero y también en lo espiritual. Con semblante triste y voz baja, expresa que su madre murió y que no tiene contacto con su padre ni sus dos hermanos, pero se siente confía de que con la ayuda de Dios saldrá hacia adelante.

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN
La pasada semana el organismo nacional preventivo del Concejo Nacional de Control de Drogas (CND) que dirige Alejandro de Jesús Abreu, recibió la visita de Leonardo Mercedes Martínez, director de la fundación «africano con mi Barrio», de La Romana, encuentro que marcó el inicio de un plan de acompañamiento y capacitación entre ambas entidades.

Mediante esta iniciativa, el organismo preventivo y coordinador de la atención y rehabilitación de las personas con Trastornos por Uso de Sustancias (TUS) brindará apoyo técnico, capacitación y asesoría continua a la fundación, con el propósito de elevar la calidad de la atención que ofrece y encaminar su funcionamiento hacia el cumplimiento de los estándares institucionales requeridos.

Durante la reunión, en la que participó un equipo multidisciplinario del CND, se realizó la entrega formal de un resumen del «Protocolo Institucional» con los requisitos que deben cumplir los centros de atención y rehabilitación.
«De verdad que todo lo hablado acá, entiendo que es un veneficio a todos aquellos adictos o dependientes. Yo creo van a ser bastante beneficiados,» dijo Martínez.

Mercedes Martínez agradeció el apoyo previsto y asumió con entusiasmo el compromiso de integrar a sus colaboradores en la capacitación y ser multiplicador de mensajes preventivos en las comunidades donde desarrolla su labor, contando con el respaldo de materiales didácticos e informativos proporcionados por el Consejo.

VISITA A LA ROMANA
En ese orden, una delegación conjunta del CND y Salud Pública realizó una visita de reconocimiento en La Romana a las instalaciones de la fundación El Africano con mi Barrio, Misión Yeshua Rescate Hombres y de Nuevo Renacer Rescate Mujeres, a fin de verificar si cumplen con los estándares institucionales requeridos y brindar el acompañamiento y capacitación necesarias, para que sigan ofreciendo un servicio de alta calidad.

Fuente El Tiempo

Ley 155-17 de Lavado de Activo: Sujetos obligados no financieros, y las normativas internacionales.

Por: Julio César Concepción Rodríguez. MBA, CPA, O&M.

La normativa principal sobre prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) en la República Dominicana es la Ley Núm. 155-17. Esta legislación fue creada específicamente para alinear el sistema jurídico del país con los estándares internacionales establecidos por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Instituciónintergubernamental creada en el año 1989 por el entonces G8. El propósito de la GAFI es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

Políticas y recomendaciones por el GAFI

Las políticas primarias publicadas son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relación al blanqueo de capitales que, junto a las recomendaciones especiales para impedir la financiación del terrorismo, instituyen el estándar internacional para el control y combate de estas dos actividades. Las mismas fueron diseñadas con el propósito de que sean implementadas en los diferentes países observando la legislación y/o marco local vigente. Después de ser publicadas, estas recomendaciones fueron completamente revisadas en 1996, luego en 2003 y finalmente en 2012. Estas instan a los estados a saber:

Φ Implementar los pactos relevantes a su respectiva legislación.

Φ Condenar el blanqueo de capitales y ofrecer herramientas legales a las autoridades para la confiscación de los ingresos producidos por el lavado de dinero.

Φ Implementar políticas para los usuarios de los bancos (Ej: Verificación de la identidad personal). Guardar un registro de las transacciones sospechosas de instituciones financieras, de negocios y no financieras.

Φ Establecer una unidad de inteligencia financiera, que reciba y procese los reportes de transacciones sospechas o dudosas.

Φ Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la persecución del blanqueo de capitales.

Después de los atentados del 11 de septiembre. La GAFI publicó 9 recomendaciones especiales en contra de la financiación al terrorismo en Estados Unidos. Las recomendaciones especiales amplían la aplicación de las iniciales cuarenta recomendaciones, introduciendo nuevos requisitos relacionados con servicios bancarios como remesas, transferencia de dinero por teléfono, organizaciones sin fines de lucro (OSFL) y mecanismos alternativos de transferencia de dinero.

Un cuerpo o equipo de fiscales adjuntos pueden y suele ser multidisciplinario para garantizar una investigación penal integral y eficaz. Aunque el cargo de fiscal adjunto exige ser profesional del derecho, los equipos de trabajo que los acompañan o los departamentos que conforman la fiscalía están integrados por diversos profesionales. Se debe destacar que esta multiplicidad es con la intención de la eficiencia. 

¿Por qué es multidisciplinario?

Φ Investigación especializada: El Ministerio Público se apoya en equipos técnicos que incluyen médicos forenses, contadores, peritos informáticos, analistas financieros, psicólogos y especialistas en balística.

Φ Manejo de casos complejos: En casos de crimen organizado, delitos financieros, corrupción o violencia de género, los fiscales adjuntos colaboran directamente con técnicos forenses y científicos para construir el caso.

 

Los fiscales adjuntos trabajan bajo la dirección de un Procurador Fiscal Titular y se apoyan permanentemente en los departamentos técnicos del órgano persecutor. Así como las Comisiones de Veeduría Ciudadana y el lavado de activos están estrechamente vinculados en el combate a la corrupción y la criminalidad financiera. Aunque las veedurías vigilan la transparencia en las compras públicas, esta supervisión es clave para detectar el origen de fondos ilícitos antes de que ingresen al sistema.

 

La Dirección General de Impuestos Internos, (DGII) en la República Dominicana supervisa a los Sujetos Obligados No Financieros(SONF) bajo el amparo de la Ley 155-17 de lavado de activos, incluyendo casas de empeño, joyerías, armerías, empresas de factoraje, agentes inmobiliarios, constructoras, y compraventa de vehículos/barcos/aviones, exigiendo programas de cumplimiento. Acciones fundamentales con la debida diligencia del cliente (incluyendo listas ONU) y reportes a la UAF para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Los Sujetos Obligados No Financieros (SONF) supervisados por la DGII. Son las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades susceptibles de ser usadas para lavado de activos, como: 

Φ Empresas de factoraje.

Φ Comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas.

Φ Armerías.

Φ Casas de empeño.

Φ Agentes inmobiliarios (en compraventa de bienes inmuebles).

Φ Empresas constructoras.

Φ Compradores/vendedores habituales de vehículos de motor, barcos y aviones.

Φ Abogados, notarios y contadores (en ciertas actividades).

Φ Sociedades fiduciarias que no dan servicios a entidades financieras. 

 

Lo que se debe hacer para el fortalecimiento de la prevención:

Φ Implementar un Programa de Cumplimiento: Basado en riesgos de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT).

Φ Debida Diligencia: Verificar identidad de clientes y beneficiarios finales, y revisar listas de la ONU.

Φ Reportar Operaciones Sospechosas (ROS): A la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Φ Evaluar y Mitigar Riesgos: Medir y controlar riesgos de LA/FT. 

Actualizaciones Recientes: 

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) han emitido actualizaciones que incorporan a estos nuevos sectores y actividades:

Φ Transacciones con inmuebles, vehículos, aeronaves y embarcaciones.

Φ Administración de dinero, cuentas bancarias o valores de clientes.

Φ Organización de contribuciones para empresas o creación de personas jurídicas.

Φ Compra y venta de obras de arte, relojes, joyas (por pieza o lote).

Φ Participación en casinos, loterías y juegos de azar. 

 

¿Por qué la ampliación?

Φ Para prevenir el uso de sectores no financieros en actividades ilícitas.

Φ Para cumplir con estándares internacionales de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. 

 

El lavado de dinero el cambio grandes cantidades de dinero obtenidas de delitos, como el narcotráfico, o por otras de origen legítimo.​​ Es un delito en muchas jurisdicciones con definiciones diversas. Es una operación esencial del crimen organizado y de la economía macerada. Por tanto el blanqueo de capitales viene de ocultar o encubrir el origen de beneficios obtenidos ilícitamente, de forma que parezcan provenir de fuentes legítimas. Normalmente es un componente de otros delitos graves como el tráfico de drogas, el robo con violencia o la extorsión.

 

En la Republica Dominicana el lavado de activo: Es combatido  a través del marco legal clave con la aplicación de la Ley núm. 155-17, mediante proceso en el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales, persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes señalados en la Ley (artículo 2, numeral 15).

A través de esta actividad, las bandas delincuenciales consiguen hacer uso de estos activos sin poner en peligro su reinversión en nuevas actividades ilícitas o lícitas. Cuando una actividad criminal genera ganancias importantes, el individuo o grupos involucrados buscan una forma de controlar los recursos sin llamar la atención sobre el origen real o las personas involucradas. Los protervos hacen esto para ocultar las fuentes de los activos, cambiando su denominación o movilizando el dinero hacia un lugar donde llame menos la atención.

Una persona que comete un delito para obtener una ganancia económica inicialmente intentará evitar que sus actividades sean detectadas por autoridades como la policía o aquellas que conforman los sistemas anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Gastar el dinero producto del delito, es enfrentarse a un dilema utilizar o invertir grandes sumas de dinero sin dejar evidencia de una fuente ilícita de ingresos y sin atraer la atención de las autoridadeses complejo.

Con el fin de circular el dinero abiertamente, los facinerosos intentan asegurarse que no exista un vínculo directo entre el producto de su delito y sus actividades ilegales. También intentan construir una explicación loable para un aparente origen legal del patrimonio que poseen. De esta manera, estos sujetos tratan de “lavar” las ganancias obtenidas mediante actos delictivos, para utilizarlos tranquilamente como si hubieran sido conseguidos en actividades legales.

La ampliación de la lista de los sujetos obligados incluye las cooperativas (tanto de ahorro y crédito como de otras índoles) son consideradas Sujetos Obligados en la mayoría de las legislaciones, especialmente en República Dominicana (bajo la Ley 155-17), y deben cumplir con las normativas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT), reportando a las autoridades competentes, según lo establece la ley y la supervisión de entidades como la Superintendencia de Bancos (SB), que regulan este sector. 

Son sujetos obligados. Por la naturaleza de sus operaciones. Manejan grandes volúmenes de dinero y transacciones, lo que las hace susceptibles de ser utilizadas para actividades ilícitas. Están bajo la supervisión de entes reguladores (como la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Pensiones, etc.) que les exigen implementar medidas de control que sean necesarias.

Las similitudes principales. Intersección en casos de corrupción. Es muy común que, en los grandes procesos judiciales por corrupción administrativa o crimen organizado, el Ministerio Público acuse a los imputados combinando artículos del Código Penal con la Ley 155-17 establece los delitos y tipifica el lavado de activos (para el blanqueo de capitales), todo tramitado bajo las directrices de la Ley 97-25.(Código Procesal Penal), que provee las reglas, plazos y mecanismos procesales para juzgar y sancionar esos mismos delitos en los tribunales. La   protección del Estado y la Sociedad, está apoyada en ambas legislaciones que buscan proteger el orden público, la seguridad nacional y los intereses socioeconómicos frente a redes criminales complejas.