Talleres continúan ocupando calles en San Pedro pese a plazo municipal vencido

SAN PEDRO DE MACORÍS. A pesar de haber vencido el plazo concedido por las autoridades municipales, numerosos talleres automotrices continúan utilizando las vías públicas como espacios de trabajo, afectando la movilidad de peatones y conductores en distintos sectores de esta ciudad.

El pasado 22 de abril, el ayuntamiento de San Pedro de Macorís, encabezado por el alcalde Raymundo Ortiz, junto al general Francisco de los Santos, director regional Sureste de la Policía Nacional, inició una serie de operativos y visitas a estos establecimientos que operan en calles y aceras.

Durante los recorridos, las autoridades dialogaron con los propietarios, a quienes se les otorgó un plazo de una semana para retirar vehículos, herramientas y maquinarias de los espacios públicos. Asimismo, advirtieron que, de incumplir la disposición, los equipos serían removidos mediante grúas y trasladados a un depósito municipal, donde sus dueños tendrían que pagar multas para recuperarlos.

Sin embargo, en sectores como Placer Bonito, la situación persiste. En un recorrido realizado, se pudo observar que varios talleres continúan operando en plena vía pública. En la calle Francisco Alberto Caamaño, frente a la escuela Santa Clara, vehículos estacionados sobre la acera y la calle dificultan el paso de los peatones, incluyendo estudiantes que transitan diariamente por la zona.

De igual manera, en Villa Azucarera se registra un escenario similar, con talleres que mantienen sus operaciones en las calles, pese a las advertencias de las autoridades. Residentes aseguran que este problema no es nuevo y que las acciones municipales suelen ser temporales, permitiendo que los infractores retomen sus prácticas una vez disminuye la vigilancia.

Mipymes enfrentan obstáculos tecnológicos y económicos ante facturación electrónica

 

HIGÜEY. La prórroga de seis meses otorgada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) completen la implementación de la facturación electrónica continúa generando preocupación, expectativas y procesos de adaptación entre comerciantes y empresarios de Higüey y San Pedro de Macorís, quienes aseguran que las limitaciones tecnológicas, los costos económicos y la falta de capacitación dificultan la transición al nuevo sistema digital, cuya extensión comenzó a aplicarse automáticamente desde el 15 de mayo de 2026.

Sin embargo, la medida mantiene en proceso de adaptación a comerciantes, empresarios, contadores y propietarios de pequeños negocios en Higüey y San Pedro de Macorís, donde muchos esperan que todavía existen importantes obstáculos para adecuarse plenamente al sistema.

Durante entrevistas realizadas a empresarios y especialistas del área financiera y tributaria, varios coincidieron en que, aunque la facturación electrónica representa un avance para la modernización fiscal y el control tributario, numerosos negocios pequeños aún enfrentan limitaciones tecnológicas, económicas y de capacitación.

Isabel Castro, gerente de una empresa, explicó que actualmente se encuentran en proceso de preparación para implementar correctamente el sistema y que han tenido que buscar asesoría profesional y apoyo técnico para cumplir con los requisitos establecidos por la DGII.

Indicó que la adaptación representa un reto significativo, especialmente para pequeñas y medianas empresas que requieren más tiempo, capacitación y recursos tecnológicos. “Entendemos que algunos pequeños negocios podrían enfrentar dificultades por limitaciones económicas, desconocimiento tecnológico o falta de asesoría”, expresó.

De igual manera, Víctor Martínez e Iris Rijo, representantes de un rancho en Higüey, manifestaron que mantener organizados los documentos y adaptarse al nuevo sistema ha requerido tiempo y esfuerzo, además de reconocer que el proceso puede resultar complejo para negocios que todavía operan de manera manual.

“Hay negocios pequeños que no están acostumbrados a trabajar con sistemas digitales y eso hace más difícil el proceso”, señalaron.
Mientras tanto, Jeremy Morales Sánchez, miembro de un almacén, indicó que uno de los principales inconvenientes son los altos costos de implementación de los programas de facturación electrónica y los gastos mensuales relacionados con archivos XML y otros servicios tecnológicos.

Explicó que, aunque poseen computadoras y sistemas básicos de facturación, muchos pequeños comerciantes no cuentan con la capacidad económica para adaptarse rápidamente al nuevo modelo. “Este tipo de cambios significa más gastos y más procesos para los pequeños negocios”, sostuvo Sánchez.

ASESORES
Sobre el tema, la asesora financiera Yoselin Paniagua afirmó que muchas personas están optando por mantenerse en la informalidad debido al aumento de los costos operacionales y financieros.
Indicó que las principales inquietudes de los comerciantes están relacionadas con los impuestos, las entidades bancarias más recomendables y las maneras de reducir estos fiscales.

Paniagua explicó además que numerosos pequeños negocios presentan bajos niveles de organización y dependen directamente de sus propietarios para operar. Detalló que implementar un sistema de facturación electrónica puede costar entre 200 y 800 dólares, dependiendo del software utilizado.
Asimismo, señaló que las mipymes enfrentan dificultades adicionales como altos impuestos, competencia desleal, inflación del dólar, elevados costos de servicios y constante rotación de personal. “Cuando un negocio no logra adaptarse, corre el riesgo de desaparecer, en especial si no se realmente se está siendo rentable”, concluyó Paniagua.

Por su lado, la licenciada Anylis Castro, contadora y abogada especializada en contabilidad tributaria, aseguró que la cantidad de comerciantes buscando asesoría ha aumentado considerablemente a raíz de la implementación de la Ley de Facturación Electrónica y los comprobantes electrónicos (E-CF).

Hidalgo Castro indicó que muchas mipymes todavía presentan limitaciones en conectividad, digitalización y capacitación tecnológica, situación que, según explicó, quedó reflejada en las prórrogas otorgadas por las autoridades fiscales.
Detalló que los costos de implementación pueden variar desde unos US$300 hasta más de US$7,000, dependiendo del tamaño y las necesidades de cada empresa, aunque recordó que la DGII también ofrece una opción gratuita cuyo proceso de certificación ronda los US$45.
Advirtió además que las empresas que no se adecuen a la modalidad de comprobantes electrónicos podrían enfrentar sanciones, limitaciones operativas y dificultades para emitir facturas válidas ante la DGII.

La facturación electrónica consiste en emitir comprobantes fiscales digitales registrados automáticamente ante la DGII, sustituyendo gradualmente las tradicionales facturas impresas en papel. Según las autoridades tributarias, el sistema busca modernizar los procesos fiscales, reducir errores y facilitar el cumplimiento tributario.

SAN PEDRO DE MACORÍS
En San Pedro de Macorís, pequeños comerciantes también manifestaron preocupación y desconocimiento sobre la implementación obligatoria de la facturación electrónica impulsada por la DGII.
Rafael García, propietario de un colmado, sostuvo que los pequeños negocios enfrentan múltiples desafíos para mantenerse operando, por lo que considera que esta disposición representa una nueva carga económica.
“Estamos enfrentando el alza de precios y ahora también tendremos que pagar servicios contables y tecnológicos; eso prácticamente nos impulsa a cerrar”, expresó.

Mientras que Miriam Santana, administradora de una ferretería, explicó que ha escuchado sobre la facturación electrónica, aunque todavía no la implementan debido a que esperan orientación de su asesor contable.
En tanto, Máximo De Jesús, propietario de una pequeña cafetería, afirmó que desconoce completamente el nuevo sistema y que era la primera vez que escuchaba sobre la facturación electrónica.

Sobre el tema, el licenciado Julio César Concepción, asesor en asuntos financieros, explicó que la implementación de los Comprobantes Fiscales Electrónicos (E-CF) representa un cambio importante para las mipymes por los retos tecnológicos y administrativos que implica, aunque aseguró que también traerá beneficios significativos.
Indicó que la facturación electrónica permitirá automatizar procesos administrativos, reducir errores y evitar el incumplimiento tributario ante la DGII, además de disminuir gastos en papel, impresión y almacenamiento físico.

Concepción advirtió que el incumplimiento de la Ley 32-23 podría generar multas de entre cinco y 30 salarios mínimos, cierres temporales de negocios y la pérdida de validez fiscal de facturas emitidas fuera del sistema autorizado.

Ventajas y desventaja del imputado con la intervención de la Defensoría Pública en la Republica Dominicana.

Por: Licda. Susan Aracelis Santana Valencio

 

Doy inicio a este escrito haciendo referencia a una de las mentes más controversiales y preclaras. Baltasar Gracián (1601–1658) no fue un jurista ni un teórico del derecho, por lo que no figura como una figura técnica en los anales de la jurisprudencia. Sin embargo, se le considera una de las mentes más brillantes de la filosofía moral, la ética práctica y la filosofía política Baltasar Gracián es citado frecuentemente en el ámbito jurídico no por ser abogado, sino por ser un maestro indiscutible de la prudencia, la psicología humana y la retórica. Aunque su formación era teológica y jesuita, sus aforismos contienen una profunda sabiduría práctica que resulta muy útil para el derecho, un área donde el sentido común y la ponderación son vitales.

 

Baltasar Gracián no teorizó específicamente sobre la "defensoría pública" moderna, ya que es una figura institucional posterior. Sinased, desde su filosofía del conceptismo y obras como El Criticón y El arte de la prudencia, legó criterios éticos fundamentales sobre la justicia y el rol del abogado o defensor: 

 

• Protección del vulnerable: En el pensamiento de Gracián, la balanza de la justicia debe equilibrar las carencias del desfavorecido. El rol de un defensor es esencial para que la desigualdad no condene al inocente.

• La ley como garantía: Sostenía que la verdad es la mejor arma, pero requería de mediadores. Un defensor cumple el propósito de canalizar la razón y el derecho para evitar el atropello de los poderosos.

• Prudencia y astucia: Gracián abogaba por el uso de la estrategia (saber negociar, hablar con tacto y actuar con cautela), herramientas vitales para cualquier defensor al litigar frente al Estado o adversarios. 

 

En la República Dominicana, estos principios inspiran a los letrados de la Oficina Nacional de Defensa Pública, quienes garantizan el acceso a la justicia y la defensa técnica gratuita a personas en estado de vulnerabilidad. Soporte del sistema democrático es el ejercicio artículo 69.4. Como el Estado debe ser un garante del cumplimiento de ese derecho constitucional se ha creado el Servicio Nacional de la Defensoría Pública, mediante. La Ley No. 277-04, promulgada el 12 de agosto de 2004, crea el Servicio Nacional de Defensa Pública en la República Dominicana. Esta ley garantiza asesoramiento técnico gratuito a imputados que carecen de abogado, asegurando sus derechos fundamentales y operando con autonomía funcional y administrativa del Poder Judicial.

 

Puntos Clave de la Ley 277-04:

• Finalidad: Proporcionar defensa técnica gratuita a personas sin recursos para pagar un abogado, garantizando el acceso a la justicia.

• Autonomía: La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) goza de autonomía funcional y administrativa, consolidada tras su independencia del Poder Judicial inicial.

• Derecho de Defensa: Se fundamenta en la Constitución para asegurar la inviolabilidad del derecho a la defensa y un proceso penal justo.

• Cobertura: La defensa es integral, cubriendo desde la solicitud por los jueces hasta la representación directa del imputado.

• Carrera del Defensor: La ley crea una estructura de carrera para los defensores públicos, garantizando su profesionalismo.

La intervención de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) en la justicia dominicana es un pilar fundamental para garantizar el debido proceso, especialmente para personas de escasos recursos económicos. A continuación, se detallan las ventajas y desventajas de este servicio para el imputado, actualizado al contexto del sistema de justicia en 2026:

Ventajas para el Imputado

• Gratuidad y Acceso a la Justicia: El servicio es totalmente gratuito, garantizando la defensa técnica a personas sin recursos, cubriendo más del 87% de los casos penales a nivel nacional.

• Especialización y Capacitación: Los defensores públicos son abogados altamente calificados en materia penal y conocen a fondo el Código Procesal Penal.

• Asistencia Ininterrumpida: La defensa se mantiene desde el primer acto del procedimiento (apresamiento/interrogatorio) hasta la ejecución de la pena, incluyendo los recursos de apelación.

• Disponibilidad 24/7: Funcionan ininterrumpidamente, incluyendo fines de semana y días feriados para medidas de coerción.

• Protección de Derechos Humanos: Velan activamente por la dignidad humana, evitando la autoincriminación y asegurando que se respeten los plazos y el debido proceso. 

• Desventajas y Desafíos

• Alta Carga Laboral: Los defensores públicos suelen tener un volumen excesivo de casos, lo que puede limitar el tiempo dedicado a cada expediente individual.

• Limitaciones Estructurales: Aunque el servicio es de alta calidad, la creciente demanda limita la personalización de la atención y puede generar demoras.

• Percepción de "Abogado de Menor Valor":Existe una percepción errónea de que la defensa pública es inferior a la privada, aunque la ley exige igualdad en la formación.

• Limitación en Casos Civiles: La defensa pública se enfoca primordialmente en el área penal; la asistencia gratuita en otras materias es más limitada. 

Aspectos Clave 2026

• Nuevo Código Penal: Con la implementación de la nueva normativa en 2026, los defensores públicos se han capacitado en las nuevas tipologías delictivas para asegurar una defensa actualizada.

• Rol de la Víctima: Se busca el equilibrio, ya que la Defensa Pública protege al imputado mientras el Ministerio Público representa a la sociedad y la víctima, lo que a veces genera desigualdad procesal si la defensa no es activa.

En resumen, la Defensa Pública en República Dominicana es una herramienta robusta y esencial que garantiza que la "justicia para ricos" no sea la norma, aunque enfrenta desafíos de recursos humanos ante la alta demanda de casos.

 

La autora es: Abogada & CPA.