Institucionalidad, transparencia y gobernabilidad
Por: Lic. Julio César Concepción Rodríguez, MBA.,
La institucionalidad entendida como un atributo básico del gobierno o de la república, dentro de un estado de derecho. Por consiguiente se entiende que, si un estado en pleno ejercicio de su soberanía configura su distribución político-administrativa a la luz de la segmentación de poderes, que dirijan, y su ejecución al servicio de la ciudadanía y en pos del bien común. Habría que señalar que el alcance que se debe otorgar, como la particularidad determinante de la institucionalidad y diferenciadora de los demás métodos de ejecución estatal, señalan el apego de la sociedad contemporánea dentro del desenvolvimiento de las atribuciones gubernamentales, administrativas, constituyentes, legislativas y judiciales.
En un contexto general se puede discernir, que un Estado posee su institucionalidad más avanzada y fuerte, cuanto más eficientes sean las aplicaciones de las normativas y leyes, a la vista comprobativa de una sociedad lo adecuadamente exigente con la transparencia de la gestión del estado. Y cuantas menos desviaciones se verifiquen en las aplicaciones de las normas reguladoras. Dentro del Estado de Derecho la institucionalidad es donde los procesos son el instrumento preferente para guiar la conducta de los ciudadanos. Innegable la transparencia, lo previsible, están implícitos en él. Esto conlleva a que se faciliten las interacciones humanas, permite la prevención y solución efectiva, eficiente y pacífica de los conflictos, y ayuda también al desarrollo económico sostenible y a la paz social. Así se manifiesta un Estado firme y justo.
La institucionalidad en el orden jurídico interactúa entre sí con un conjunto de normas que están interconectadas sobre la base de principios de aplicación general, y política, y que regulan la estructura y órganos del gobierno del estado. Para alcanzar un fin social, para que se instituya, nunca deberá estar en manos de una persona, correspondería ser el producto de un conjunto de acciones socializadas, como plataforma legal y legítima, de un manejo justo de los recursos del Estado.
En administración pública y ciencia política, rendición de cuentas refiere al proceso en el que todos los ciudadanos vigilan y evalúan (Auditoría social) el actuar responsable de los servidores públicos por medio de mecanismos como la transparencia y la fiscalización. En principio la transparencia está sujeta a regulación de las acciones del (cabildeo y/o lobby) controles normativos adecuados de regulación, acompañados de la transparencia adecuada para garantizar que el público tenga la supervisión (grupos de veedores), sobre la influencia de intereses particulares o de grupos de interés en la toma de decisiones públicas.
Protección para denunciantes que tomen el riesgo de hacer pública la alerta, sobre fechorías e irregularidades si lo hacen internamente o por hacer públicas dichas revelaciones, de actos de corrupción, conductas inapropiadas, irregularidades, mala administración o derroche de los recursos públicos en cualquier ámbito dentro del gobierno. Reducir las oportunidades de corrupción y garantizar la calidad del gasto de los fondos públicos. Reactivar de manera efectiva los organismos de supervisión/vigilancia recurrente e independientes que supervisen el ejercicio del poder público, desde las instituciones para la supervisión de los servicios y el gasto público a la fiscalización de los poderes legislativo y judicial.
La transparencia también promueve la rendición de cuentas consistente en que existan normas, reglamentos y mecanismos que orienten el comportamiento de las autoridades electas y funcionarios en el ejercicio del poder público y el expendio de los recursos fiscales. Deben incluir las decisiones que sean plenamente motivadas y justificadas con toda la información puesta a disposición del público. Y así dar cumplimiento a Ley 200-04, de Acceso a la información. Hemos visto recientemente en la prensa nacional señalamientos de algunos funcionarios recién designados aseverando que el Ministerio de Administración Publica, MAP., a sido el más deficiente en gestión, diferimos de ese criterio, dada la razón de que existe un programa de reforma que incluye la aplicación de las Normas Básicas de Control Interno, NOBACI., pero su avance en este sentido ha sido limitado por la logística, se hace necesario una alta inversión en el área de TI, tecnología en la mayoría de las instituciones publicas para que este programa real y efectivamente pueda avanzar en su justa dimensión y permita que tengamos un estado efectivamente reformado desde el punto de vista operativo administrativamente hablando.
Normas claras de comportamiento y reglas de conducta en la vida pública, aplicado por las instituciones que garantizan la rendición de cuentas y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Declaración de patrimonio y/o bienes. Un régimen eficaz y transparente sobre divulgación de activos, crea un marco de actuación en el que el enriquecimiento ilícito durante el servicio público puede ser prevenido y fortalecerlo también promoviendo las competencias blandas: principios y valores éticos y morales.
La gobernabilidad en el sistema democrático, trae como consecuencia el libre ejercicio de la voluntad del Poder Ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo. Que involucra el mayor número de instituciones. Con una estructura basada en:
Calidad Democrática: Impulsando la democracia representativa y participativa, tanto en el fortalecimiento del sistema de partidos y el pluralismo político, como reforzando a la sociedad civil y la participación ciudadana. La Cohesión Social: La gestión de políticas públicas para la cohesión social, en la que se hará énfasis especialmente en la modernización y profesionalización de la administración pública. Lucha contra la corrupción, desde una perspectiva de transparencia, rendición de cuentas y buena gobernanza de las instituciones. La garantía de los derechos humanos acceso a la justicia, reformas del sector justicia y lucha contra la impunidad. El fomento de los sistemas, el fortalecimiento de instituciones públicas en seguridad ciudadana y la prevención del delito. La protección de derechos humanos, con especial énfasis en población y colectivos en situación de vulnerabilidad.
La construcción de la paz. Desarrollo, consolidación del Estado de derecho y la promoción de los derechos humanos pilares fundamentales para alcanzar el desarrollo humano sostenible y erradicar la extrema pobreza. En la conjunción de todos los poderes y fuerza de la sociedad, interactuando entre si, trabajando juntas en una misma dirección es a lo que se puede definir como gobernabilidad. La educación puede ofrecer en el marco de este concepto de gobernabilidad un gran aporte en su función socializadora e ideológica en torno a certificar un orden social con mejores perspectivas para las futuras generaciones, que serón los responsables de la construcción de una mejor y más justa sociedad.
Fuentes: Diversas.
