Talleres continúan ocupando calles en San Pedro pese a plazo municipal vencido

SAN PEDRO DE MACORÍS. A pesar de haber vencido el plazo concedido por las autoridades municipales, numerosos talleres automotrices continúan utilizando las vías públicas como espacios de trabajo, afectando la movilidad de peatones y conductores en distintos sectores de esta ciudad.

El pasado 22 de abril, el ayuntamiento de San Pedro de Macorís, encabezado por el alcalde Raymundo Ortiz, junto al general Francisco de los Santos, director regional Sureste de la Policía Nacional, inició una serie de operativos y visitas a estos establecimientos que operan en calles y aceras.

Durante los recorridos, las autoridades dialogaron con los propietarios, a quienes se les otorgó un plazo de una semana para retirar vehículos, herramientas y maquinarias de los espacios públicos. Asimismo, advirtieron que, de incumplir la disposición, los equipos serían removidos mediante grúas y trasladados a un depósito municipal, donde sus dueños tendrían que pagar multas para recuperarlos.

Sin embargo, en sectores como Placer Bonito, la situación persiste. En un recorrido realizado, se pudo observar que varios talleres continúan operando en plena vía pública. En la calle Francisco Alberto Caamaño, frente a la escuela Santa Clara, vehículos estacionados sobre la acera y la calle dificultan el paso de los peatones, incluyendo estudiantes que transitan diariamente por la zona.

De igual manera, en Villa Azucarera se registra un escenario similar, con talleres que mantienen sus operaciones en las calles, pese a las advertencias de las autoridades. Residentes aseguran que este problema no es nuevo y que las acciones municipales suelen ser temporales, permitiendo que los infractores retomen sus prácticas una vez disminuye la vigilancia.

Mipymes enfrentan obstáculos tecnológicos y económicos ante facturación electrónica

 

HIGÜEY. La prórroga de seis meses otorgada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) completen la implementación de la facturación electrónica continúa generando preocupación, expectativas y procesos de adaptación entre comerciantes y empresarios de Higüey y San Pedro de Macorís, quienes aseguran que las limitaciones tecnológicas, los costos económicos y la falta de capacitación dificultan la transición al nuevo sistema digital, cuya extensión comenzó a aplicarse automáticamente desde el 15 de mayo de 2026.

Sin embargo, la medida mantiene en proceso de adaptación a comerciantes, empresarios, contadores y propietarios de pequeños negocios en Higüey y San Pedro de Macorís, donde muchos esperan que todavía existen importantes obstáculos para adecuarse plenamente al sistema.

Durante entrevistas realizadas a empresarios y especialistas del área financiera y tributaria, varios coincidieron en que, aunque la facturación electrónica representa un avance para la modernización fiscal y el control tributario, numerosos negocios pequeños aún enfrentan limitaciones tecnológicas, económicas y de capacitación.

Isabel Castro, gerente de una empresa, explicó que actualmente se encuentran en proceso de preparación para implementar correctamente el sistema y que han tenido que buscar asesoría profesional y apoyo técnico para cumplir con los requisitos establecidos por la DGII.

Indicó que la adaptación representa un reto significativo, especialmente para pequeñas y medianas empresas que requieren más tiempo, capacitación y recursos tecnológicos. “Entendemos que algunos pequeños negocios podrían enfrentar dificultades por limitaciones económicas, desconocimiento tecnológico o falta de asesoría”, expresó.

De igual manera, Víctor Martínez e Iris Rijo, representantes de un rancho en Higüey, manifestaron que mantener organizados los documentos y adaptarse al nuevo sistema ha requerido tiempo y esfuerzo, además de reconocer que el proceso puede resultar complejo para negocios que todavía operan de manera manual.

“Hay negocios pequeños que no están acostumbrados a trabajar con sistemas digitales y eso hace más difícil el proceso”, señalaron.
Mientras tanto, Jeremy Morales Sánchez, miembro de un almacén, indicó que uno de los principales inconvenientes son los altos costos de implementación de los programas de facturación electrónica y los gastos mensuales relacionados con archivos XML y otros servicios tecnológicos.

Explicó que, aunque poseen computadoras y sistemas básicos de facturación, muchos pequeños comerciantes no cuentan con la capacidad económica para adaptarse rápidamente al nuevo modelo. “Este tipo de cambios significa más gastos y más procesos para los pequeños negocios”, sostuvo Sánchez.

ASESORES
Sobre el tema, la asesora financiera Yoselin Paniagua afirmó que muchas personas están optando por mantenerse en la informalidad debido al aumento de los costos operacionales y financieros.
Indicó que las principales inquietudes de los comerciantes están relacionadas con los impuestos, las entidades bancarias más recomendables y las maneras de reducir estos fiscales.

Paniagua explicó además que numerosos pequeños negocios presentan bajos niveles de organización y dependen directamente de sus propietarios para operar. Detalló que implementar un sistema de facturación electrónica puede costar entre 200 y 800 dólares, dependiendo del software utilizado.
Asimismo, señaló que las mipymes enfrentan dificultades adicionales como altos impuestos, competencia desleal, inflación del dólar, elevados costos de servicios y constante rotación de personal. “Cuando un negocio no logra adaptarse, corre el riesgo de desaparecer, en especial si no se realmente se está siendo rentable”, concluyó Paniagua.

Por su lado, la licenciada Anylis Castro, contadora y abogada especializada en contabilidad tributaria, aseguró que la cantidad de comerciantes buscando asesoría ha aumentado considerablemente a raíz de la implementación de la Ley de Facturación Electrónica y los comprobantes electrónicos (E-CF).

Hidalgo Castro indicó que muchas mipymes todavía presentan limitaciones en conectividad, digitalización y capacitación tecnológica, situación que, según explicó, quedó reflejada en las prórrogas otorgadas por las autoridades fiscales.
Detalló que los costos de implementación pueden variar desde unos US$300 hasta más de US$7,000, dependiendo del tamaño y las necesidades de cada empresa, aunque recordó que la DGII también ofrece una opción gratuita cuyo proceso de certificación ronda los US$45.
Advirtió además que las empresas que no se adecuen a la modalidad de comprobantes electrónicos podrían enfrentar sanciones, limitaciones operativas y dificultades para emitir facturas válidas ante la DGII.

La facturación electrónica consiste en emitir comprobantes fiscales digitales registrados automáticamente ante la DGII, sustituyendo gradualmente las tradicionales facturas impresas en papel. Según las autoridades tributarias, el sistema busca modernizar los procesos fiscales, reducir errores y facilitar el cumplimiento tributario.

SAN PEDRO DE MACORÍS
En San Pedro de Macorís, pequeños comerciantes también manifestaron preocupación y desconocimiento sobre la implementación obligatoria de la facturación electrónica impulsada por la DGII.
Rafael García, propietario de un colmado, sostuvo que los pequeños negocios enfrentan múltiples desafíos para mantenerse operando, por lo que considera que esta disposición representa una nueva carga económica.
“Estamos enfrentando el alza de precios y ahora también tendremos que pagar servicios contables y tecnológicos; eso prácticamente nos impulsa a cerrar”, expresó.

Mientras que Miriam Santana, administradora de una ferretería, explicó que ha escuchado sobre la facturación electrónica, aunque todavía no la implementan debido a que esperan orientación de su asesor contable.
En tanto, Máximo De Jesús, propietario de una pequeña cafetería, afirmó que desconoce completamente el nuevo sistema y que era la primera vez que escuchaba sobre la facturación electrónica.

Sobre el tema, el licenciado Julio César Concepción, asesor en asuntos financieros, explicó que la implementación de los Comprobantes Fiscales Electrónicos (E-CF) representa un cambio importante para las mipymes por los retos tecnológicos y administrativos que implica, aunque aseguró que también traerá beneficios significativos.
Indicó que la facturación electrónica permitirá automatizar procesos administrativos, reducir errores y evitar el incumplimiento tributario ante la DGII, además de disminuir gastos en papel, impresión y almacenamiento físico.

Concepción advirtió que el incumplimiento de la Ley 32-23 podría generar multas de entre cinco y 30 salarios mínimos, cierres temporales de negocios y la pérdida de validez fiscal de facturas emitidas fuera del sistema autorizado.

Ventajas y desventaja del imputado con la intervención de la Defensoría Pública en la Republica Dominicana.

Por: Licda. Susan Aracelis Santana Valencio

 

Doy inicio a este escrito haciendo referencia a una de las mentes más controversiales y preclaras. Baltasar Gracián (1601–1658) no fue un jurista ni un teórico del derecho, por lo que no figura como una figura técnica en los anales de la jurisprudencia. Sin embargo, se le considera una de las mentes más brillantes de la filosofía moral, la ética práctica y la filosofía política Baltasar Gracián es citado frecuentemente en el ámbito jurídico no por ser abogado, sino por ser un maestro indiscutible de la prudencia, la psicología humana y la retórica. Aunque su formación era teológica y jesuita, sus aforismos contienen una profunda sabiduría práctica que resulta muy útil para el derecho, un área donde el sentido común y la ponderación son vitales.

 

Baltasar Gracián no teorizó específicamente sobre la "defensoría pública" moderna, ya que es una figura institucional posterior. Sinased, desde su filosofía del conceptismo y obras como El Criticón y El arte de la prudencia, legó criterios éticos fundamentales sobre la justicia y el rol del abogado o defensor: 

 

• Protección del vulnerable: En el pensamiento de Gracián, la balanza de la justicia debe equilibrar las carencias del desfavorecido. El rol de un defensor es esencial para que la desigualdad no condene al inocente.

• La ley como garantía: Sostenía que la verdad es la mejor arma, pero requería de mediadores. Un defensor cumple el propósito de canalizar la razón y el derecho para evitar el atropello de los poderosos.

• Prudencia y astucia: Gracián abogaba por el uso de la estrategia (saber negociar, hablar con tacto y actuar con cautela), herramientas vitales para cualquier defensor al litigar frente al Estado o adversarios. 

 

En la República Dominicana, estos principios inspiran a los letrados de la Oficina Nacional de Defensa Pública, quienes garantizan el acceso a la justicia y la defensa técnica gratuita a personas en estado de vulnerabilidad. Soporte del sistema democrático es el ejercicio artículo 69.4. Como el Estado debe ser un garante del cumplimiento de ese derecho constitucional se ha creado el Servicio Nacional de la Defensoría Pública, mediante. La Ley No. 277-04, promulgada el 12 de agosto de 2004, crea el Servicio Nacional de Defensa Pública en la República Dominicana. Esta ley garantiza asesoramiento técnico gratuito a imputados que carecen de abogado, asegurando sus derechos fundamentales y operando con autonomía funcional y administrativa del Poder Judicial.

 

Puntos Clave de la Ley 277-04:

• Finalidad: Proporcionar defensa técnica gratuita a personas sin recursos para pagar un abogado, garantizando el acceso a la justicia.

• Autonomía: La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) goza de autonomía funcional y administrativa, consolidada tras su independencia del Poder Judicial inicial.

• Derecho de Defensa: Se fundamenta en la Constitución para asegurar la inviolabilidad del derecho a la defensa y un proceso penal justo.

• Cobertura: La defensa es integral, cubriendo desde la solicitud por los jueces hasta la representación directa del imputado.

• Carrera del Defensor: La ley crea una estructura de carrera para los defensores públicos, garantizando su profesionalismo.

La intervención de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) en la justicia dominicana es un pilar fundamental para garantizar el debido proceso, especialmente para personas de escasos recursos económicos. A continuación, se detallan las ventajas y desventajas de este servicio para el imputado, actualizado al contexto del sistema de justicia en 2026:

Ventajas para el Imputado

• Gratuidad y Acceso a la Justicia: El servicio es totalmente gratuito, garantizando la defensa técnica a personas sin recursos, cubriendo más del 87% de los casos penales a nivel nacional.

• Especialización y Capacitación: Los defensores públicos son abogados altamente calificados en materia penal y conocen a fondo el Código Procesal Penal.

• Asistencia Ininterrumpida: La defensa se mantiene desde el primer acto del procedimiento (apresamiento/interrogatorio) hasta la ejecución de la pena, incluyendo los recursos de apelación.

• Disponibilidad 24/7: Funcionan ininterrumpidamente, incluyendo fines de semana y días feriados para medidas de coerción.

• Protección de Derechos Humanos: Velan activamente por la dignidad humana, evitando la autoincriminación y asegurando que se respeten los plazos y el debido proceso. 

• Desventajas y Desafíos

• Alta Carga Laboral: Los defensores públicos suelen tener un volumen excesivo de casos, lo que puede limitar el tiempo dedicado a cada expediente individual.

• Limitaciones Estructurales: Aunque el servicio es de alta calidad, la creciente demanda limita la personalización de la atención y puede generar demoras.

• Percepción de "Abogado de Menor Valor":Existe una percepción errónea de que la defensa pública es inferior a la privada, aunque la ley exige igualdad en la formación.

• Limitación en Casos Civiles: La defensa pública se enfoca primordialmente en el área penal; la asistencia gratuita en otras materias es más limitada. 

Aspectos Clave 2026

• Nuevo Código Penal: Con la implementación de la nueva normativa en 2026, los defensores públicos se han capacitado en las nuevas tipologías delictivas para asegurar una defensa actualizada.

• Rol de la Víctima: Se busca el equilibrio, ya que la Defensa Pública protege al imputado mientras el Ministerio Público representa a la sociedad y la víctima, lo que a veces genera desigualdad procesal si la defensa no es activa.

En resumen, la Defensa Pública en República Dominicana es una herramienta robusta y esencial que garantiza que la "justicia para ricos" no sea la norma, aunque enfrenta desafíos de recursos humanos ante la alta demanda de casos.

 

La autora es: Abogada & CPA.

Jueces en San Pedro de Macorís reclaman mayor atención al Sistema Judicial

 

 

San Pedro de Macorís.- Decenas de jueces, juezas y Servidores Judiciales, con el apoyo del Ministerio Público y la seccional del Colegio de Abogados, cancelaron este jueves todas las audiencias de las diferentes salas y se congregaron frente al Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, en demanda de mejores condiciones para poder realizar sus labores y seguir mejorando la calidad del servicio que le ofrecen a la ciudadanía.

La jueza en funciones de la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, Andrea Corcino Cueto, dio lectura al manifiesto en el que señalan la realidad actual que le golpea, bordeada de múltiples males, entre ellos, falta de personal y de jueces, baja remuneración salarial, carga de trabajo excesiva, renuncia masiva del personal administrativo, deterioro y abandono de la infraestructura de muchos tribunales del país y la falta de seguridad en los palacios de justicia y para los jueces y juezas.

Sostuvo que, de esta forma, se configura una larga lista de carencias que deben sortear día a día en el ejercicio de sus funciones y que se entrelazan entre sí, provocando otras situaciones cada vez más graves y alarmantes.

Mientras que la jueza de la 2da Sala Civil del Departamento Judicial de esta ciudad, Gissel Fernández, dijo que las mayores necesidades que tienen están radicadas en mejores condiciones de trabajo, tener personal de apoyo y más jueces para hacer más efectiva sus labores.

“Esta es una situación difícil, hemos tenido jueces que han sido declarado con cáncer, otros han tenido derrame cerebral, muchos han renunciado por la presión de las malas condiciones de trabajo, para nosotros mantener nuestros tribunales al día tenemos que trabajar de noche en la casa quitándole ese tiempo a nuestra familia” expresó la funcionaria judicial.

Indicó que la idea de sacar del Poder Judicial a 322 jueces, no funciona, ya que las máquinas no pueden analizar un proceso y no dar decisiones, sino que son funciones de los jueces, ya que son los que cargan el sistema en sus hombros y que lo hacen porque se deben a sus usuarios, y que ese es el lema de cada juez, es un sacerdocio, pero que en esta administración eso se ha “prostituido” , por lo que exigen ser escuchado y que haya soluciones a todas las necesidades que han presentado desde el 2022.

Más de 42 comunidades afectadas por retrasos en hospital Alejo Martínez

 

RAMÓN SANTANA. Residentes de este municipio, en la provincia San Pedro de Macorís, denunciaron la paralización de los trabajos de remodelación del hospital Alejo Martínez, situación que aseguran continúa afectando a decenas de familias debido a la falta de servicios esenciales como internamientos y otros procedimientos médicos.

Comunitarios expresaron su preocupación debido a que actualmente el centro de salud solo ofrece consultas y atenciones ambulatorias, obligando a muchos pacientes a ser trasladados hacia el hospital regional Antonio Musa, en San Pedro de Macorís, lo que representa gastos económicos y dificultades para quienes requieren asistencia médica.

Entre las voces que se han sumado al reclamo figura la señora Carolina Sosa, quien manifestó que el hospital Alejo Martínez históricamente ha sido un centro modelo por las atenciones brindadas a la población, pero que en la actualidad la ausencia de áreas de internamiento y otros servicios básicos mantiene preocupados a los residentes.
“Hace más de tres años que iniciaron los trabajos y aún no concluyen, y es un hospital pequeño”, sostuvo Sosa.

Destacó además que el traslado constante de pacientes hacia San Pedro de Macorís genera inconvenientes para familias de escasos recursos, principalmente en casos donde los pacientes requieren observación médica o tratamientos más complejos.

Sobre la situación también se pronunció la alcaldesa de Ramón Santana, Santa Valdez, quien calificó como preocupante la demora en la entrega de la obra, pese a que, según afirmó, los trabajos se encuentran prácticamente concluidos.

La funcionaria explicó que recientemente conversó con representantes del Servicio Nacional de Salud y les manifestó el pesar existente en el municipio por las limitaciones que presenta el hospital.

Valdez indicó que no comprende por qué la obra aún no ha sido entregada, asegurando que solo faltan detalles menores para finalizarla.

“Son apenas retoques y pequeñas áreas que faltan. Hay obras que impactan directamente a la población y deben agilizarse”, señaló.
Asimismo, recordó que alrededor de 42 comunidades dependen de los servicios que ofrece el hospital Alejo Martínez, por lo que pidió a las autoridades correspondientes acelerar el proceso para poner nuevamente en funcionamiento todas las áreas del centro de salud.

La alcaldesa también expresó su esperanza de que el director nacional de Salud visite el municipio y disponga la conclusión definitiva de los trabajos de remodelación del hospital.

Denuncian presunto intento de invasión en parque ecológico Pedro Mir de San Pedro

SAN PEDRO DE MACORÍS. Residentes de distintos sectores de la parte Sur de esta provincia, denunciaron un presunto intento de invasión de terrenos dentro del parque ecológico Pedro Mir, ubicado entre los sectores Pedro Justo y Carrión, Las Flores y La Loma del Chivo.

De acuerdo con comunitarios de la zona, en los últimos días personas desconocidas han estado marcando y cercando espacios dentro del parque, situación que ha generado preocupación entre quienes defienden el lugar como una importante área verde y de recreación para la ciudad.

Raymundo García, uno de los denunciantes, explicó que durante horas de la noche se observa a varias personas colocando alambres y realizando divisiones improvisadas dentro de la zona protegida, con aparentes intenciones de apropiarse de terrenos de manera irregular.

«Nos preocupa mucho lo que está pasando porque este espacio pertenece a la comunidad y es uno de los pocos pulmones ecológicos que quedan en esta parte de la ciudad. Hemos visto personas entrando de noche a colocar alambres y marcar terrenos», expresó Díaz.

Los comunitarios aseguraron que el parque ecológico Pedro Mir se encuentra actualmente en condiciones de abandono, con maleza, acumulación de desechos y escasa vigilancia, situación que, según dicen, facilita que personas intenten ocupar áreas del lugar.

Asimismo, el regidor Mártires Trinidad manifestó su preocupación por la situación y llamó tanto al alcalde Raymundo Ortiz como al Ministerio de Medio Ambiente a intervenir el parque y desarrollar acciones urgentes para su rescate y protección.

El edil consideró que el área debe ser acondicionada y recuperada para el disfrute de niños, jóvenes y familias de los sectores cercanos, señalando que el espacio tiene potencial para convertirse en una importante zona recreativa y ecológica para San Pedro de Macorís.

Trinidad también exhortó a las autoridades municipales y ambientales a incrementar la vigilancia en el lugar para evitar invasiones y garantizar la preservación de los terrenos.

Los denunciantes coincidieron en que el parque ecológico Pedro Mir representa una reserva natural de gran importancia para la comunidad, por lo que pidieron a las autoridades actuar antes de que los terrenos sean ocupados de manera definitiva.

Facturación electrónica genera dudas entre negocios de Higüey, La Romana y San Pedro

 

LA ROMANA. Comerciantes de distintas provincias de la región Este admitieron durante los últimos días que desconocen cómo funciona la facturación electrónica implementada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), pese a la prórroga de seis meses anunciada por la institución para que micro, pequeñas y medianas empresas continúen adaptándose al nuevo sistema digital establecido en la Ley 32-23 sobre Facturación Electrónica.

A principio de este mes, la DGII anunció una prórroga de seis meses, a partir del 15 de mayo, para que las micro, pequeñas, medianas empresas y contribuyentes no clasificados continúen instalando el nuevo sistema digital contemplado en la Ley 32-23 sobre Facturación Electrónica.

La facturación electrónica consiste en emitir comprobantes fiscales de manera digital, sustituyendo las tradicionales facturas impresas en papel. A través de este sistema, las empresas podrán generar y enviar facturas desde computadoras o teléfonos móviles, quedando registradas automáticamente ante la DGII.

Este periódico entrevistó a propietarios de pequeños y medianos negocios de Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís, donde la mayoría admitió desconocer el funcionamiento de la nueva modalidad de facturación electrónica. Otros señalaron que solo han escuchado informaciones generales sobre su implementación, mientras un grupo reducido aseguró que ya inició el proceso de adaptación al sistema.

En ese sentido el contador y especialista en registro de empresas, Amaury Cedeño afirmó que existe un gran desconocimiento en este tema y que la mayoría de los comerciantes desconocen cómo se envían las facturas y cómo implementar el sistema en sus negocios por lo que recomendó a la DGII a que realice más orientación y cursos para el manejo de este programa.

COMERCIANTES
Asimismo, propietarios de negocios de distintas provincias de la región aseguraron que, hasta el momento, personal de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no se ha presentado en sus establecimientos para ofrecer orientación, seguimiento o acompañamiento directo sobre el proceso de adaptación, por lo que muchos comerciantes han tenido que informarse por cuenta propia a través de internet, redes sociales y asesorías virtuales para comprender el funcionamiento del nuevo sistema.

La entrada en vigor de la facturación electrónica en República Dominicana ha comenzado a generar cambios importantes en los procesos administrativos y comerciales de los negocios en las provincias del Este, especialmente en aquellos establecimientos que aún operan de manera informal.

Así lo informó el macorisano Inocencio Mercedes, asesor financiero y contador de varios comerciantes de esta provincia, explicó que muchos empresarios y dueños de negocios ya conocen que deberán acogerse al nuevo sistema dispuesto por la DGII para poder continuar realizando sus operaciones comerciales.

En ese mismo tenor empresarios y propietarios de mipymes en el municipio de Higüey, aseguraron estar preparándose paulatinamente para cumplir con esta nueva disposición establecida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
En recorrido realizado por distintos negocios y establecimientos comerciales de Higüey, varios comerciantes expresaron que se encuentran poniéndose al día con los requisitos y orientándose sobre cómo funciona la facturación electrónica, mientras otros admitieron que todavía poseen poco conocimiento sobre el proceso y los pasos necesarios para implementarlo correctamente.

En ese sentido, la arquitecta Jazmín Natalie Silvestre Rodríguez, empresaria, explicó que actualmente trabaja junto a su contador y con apoyo de personas vinculadas a la DGII para completar correctamente el proceso de implementación.

“Nos encontramos organizando toda la documentación necesaria para cumplir con cada uno de los pasos exigidos. Aunque el proceso en ocasiones ha sido lento, seguimos trabajando para estar preparados dentro del plazo otorgado”, expresó.
“Entendemos que será una herramienta positiva para mantener un mejor control de las operaciones y cumplir correctamente con las obligaciones fiscales”, manifestó.

Por su lado, Edgar Feliciano Cedeño, contador público autorizado con maestría en contabilidad tributaria, quien lleva la contabilidad de varias empresas establecidas en Higüey, explicó que la facturación electrónica permitirá una mayor seguridad, rapidez y control en las operaciones comerciales, debido a que todos los comprobantes fiscales serán registrados digitalmente y validados en tiempo real por la DGII.

“Una vez las empresas logren adaptarse, el sistema será mucho más cómodo y eficiente, ya que reducirá errores manuales y agilizará los procesos administrativos y tributarios”, indicó.

CONSECUENCIAS
El asesor financiero Mercedes indicó que quienes no se integren a la modalidad electrónica, podrían enfrentar sanciones y limitaciones para emitir facturas y realizar transacciones. “Las leyes son leyes y hay que cumplirlas. Incluso hay multas para quienes no se acojan al sistema en el tiempo establecido”, expresó Mercedes.

Explicó que bajo esta modalidad las facturas serán procesadas digitalmente y autorizadas directamente por la DGII antes de ser enviadas al cliente, eliminando gradualmente el uso de documentos físicos.
Asimismo, Mercedes señaló que los comerciantes deberán contar con mecanismos de respaldo digital para conservar sus documentos tributarios y evitar inconvenientes ante posibles fallas en los sistemas.

Mercedes también explicó que la DGII dispondrá de un facturador gratuito dirigido principalmente a profesionales liberales y pequeños contribuyentes que emitan una cantidad limitada de facturas.
Detalló que médicos, contadores, profesores y pequeños negocios con menos de 150 facturas podrán acceder al sistema gratuito, mientras que empresas con mayores niveles de facturación tendrán que adquirir programas privados certificados.

Agregó que para utilizar el facturador gratuito será obligatorio estar inscrito en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), tener acceso a la Oficina Virtual y mantenerse al día con las obligaciones tributarias.
VENTAJAS
En esa tesitura el presidente de la Unión de Empresarios de La Romana (UDER), Armando Céspedes, afirmó que el mecanismo ya se ha implementado en las grandes y medianas empresas y que ahora se está desarrollando en las Mipymes, quienes tienen que llevar una contabilidad más organizada..

Destaca que esto es importante porque controla la evasión de impuestos, y a su vez le permite al Estado recaudar más impuestos, lo que puede reflejarse en mayor inversión en las necesidades sociales de la población.
En tanto, que el macorisano Dionisio Vázquez, representante financiero de una plaza, manifestó que la nueva modalidad permitirá a la DGII tener un mayor control sobre las compras y ventas realizadas por los comerciantes.

Sostuvo que esta medida obligará a muchos negocios informales a regularizarse para poder continuar realizando operaciones comerciales como empresas establecidas. “Hasta un colmadero tendrá que formalizarse porque el país se tiene que organizar”, afirmó Vázquez.