Por: Susan Aracelis Santana Valencio, Abogada & CPA.
Sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas con la carga de las pruebas. El nuevo Código Penal de la República Dominicana (Ley Núm. 74-25) introduce de manera formal la responsabilidad penal de las personas jurídicas, estableciendo que las empresas e instituciones responden penalmente por los delitos cometidos en su beneficio por sus órganos, representantes o subordinados, derivados de una falla o inobservancia de control y supervisión.
Responsabilidad de las Personas Jurídicasbasa-mentada en:
La Carga de la Prueba
La actualización del Código Penal, demuestra la necesidad de ajustar la normativa a los desafíos de la lucha contra el crimen organizado. Este marco coincide con el protagonismo de los modelos de cumplimiento antilavado y anticorrupción que deben implementar los sujetos obligados y de reporte.
Las convenciones de la ONU, y también apoyada por otras organización de similar nivel contra el crimen organizado contra la corrupción, instan a los Estados partes a regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos tipificados, el soborno de funcionarios, el delito, el tráfico de influencias, el blanqueo producto del delito y la obstrucción de la justicia.
Con todo este carrusel de infracciones, la persona jurídica no será responsable penalmente si demuestra objetivamente haber adoptado e implementado programas de cumplimiento. La responsabilidad penal de la persona jurídica en República Dominicana. Una mirada al Artículo 7 de la Ley No. 550-14. Durante décadas, el derecho penal se construyó sobre una idea simple: solo las personas físicas podían cometer delitos. Sin embargo, la realidad empresarial y los grandes escándalos corporativos obligaron a replantear esta visión. Hoy, muchos sistemas jurídicos reconocen que las empresas también pueden ser responsables penalmente cuando su estructura permite o facilita conductas ilícitas. En República Dominicana, este cambio se refleja en la Ley No. 550-14, que establece el Código Penal y que introduce el principio de responsabilidad penal de la persona jurídica. Este enfoque se recoge especialmente en el Artículo 7, que abre la puerta a una nueva forma de entender la responsabilidad empresarial.
Varios sectores de la República Dominicana han expresado reparos, propuesto modificaciones o interpuesto recursos legales ante el contenido y las nuevas infracciones introducidas por el nuevo Código Penal (Ley 74-25). El análisis sobre el nuevo Código Penal, con entrada en vigencia en agosto de 2026, se ha centrado primordialmente en debates locales y comparaciones con la doctrina jurídica regional, mientras que las reacciones o posicionamientos formales específicos de organismos u opinión pública internacional sobre sus nuevas infracciones han sido limitados en comparación con la intensa discusión nacional sobre la libertad de expresión, y el endurecimiento general de penas.
Principales aspectos debatidos del sector de la comunicación y periodistas del nuevo código:
Sector de la Comunicación y Periodistas
Se debe considerar la diferencia entre difamación e injuria: la injuria es una ofensa directa contra el honor o la dignidad, mientras que la difamaciónocurre cuando esa ofensa o imputación se hace pública ante una muchedumbre o mediante medios de comunicación.
En la República Dominicana, las penas por difamación e lesión varían según el marco normativo aplicable, incluyendo las disposiciones del nuevo Código Penal que endurecen las sanciones para estos delitos, especialmente cuando se cometen a través de redes sociales, medios digitales o plataformas de streaming (transmisión continua de datos de audio o video a través de internet)








