Por: Lic. Julio César Concepción Rodríguez, MBA.,
Mail:jcconcepcion@yahoo.com
Los orígenes de la Cámara de Cuentas, datan desde la primera constitución en 1844, aunque esta no se
consagraba como se le conoce hoy en día, pero si, que le rendía cuenta al
Congreso, como órgano superior del sistema nacional de control y
auditoría. Tal como la consagra la actual Constitución de la República en su
Artículo 248. Como órgano superior de control externo de los recursos públicos de la República Dominicana.
Amparada bajo la Ley 10-04 es una entidad que goza de poder sobre las instituciones públicas que manejan recursos
estatales, convirtiéndose en vigilante y observador del buen uso del patrimonio dominicano, debe proporcionar
a la nación una herramienta moderna poderosa, con un estilo transparente, ágil,
eficaz y sobre todo con un marco legal donde sus atribuciones llegan a todas
las instituciones vinculadas de un modo u otro al estado dominicano, que inciden en el
que hacer publico.
La Cámara de Cuentas como órgano o institución estatal tiene
fundamentalmente un rol muy importante, pues se encarga de verificar el gasto
corriente, social y velar por los bienes del Estado Dominicano. Está
llamada a vigilar, supervisar todo lo que tiene que ver con el uso de los
fondos públicos a través de auditorías e inspecciones que ejecuta de
manera periódica a las instituciones estatales. Gestión que ha degenerado en
calidad proporcional. Pues la eliminación de las extensiones regionales le ha
sumado ineficiencia a su accionar y la
informaciones que esta debe rendir al Congreso de la República, han de dejado
de ser oportuno.
Su dinámica transformadora y de actualización en el desarrollo institucional
deberá garantizar un ejercicio más efectivo del control público en la República
Dominicana. Igualmente como armonizar la coordinación interinstitucional,
promover la gestión ética, eficiente, eficaz y económica de
los administradores de los recursos públicos y facilitar una trasparente
rendición de cuentas de quienes desempeñan una función pública o reciben recursos
públicos.
En su calidad de órgano instituido por la
constitución, goza de autonomía administrativa, operativa y presupuestaria,
además tiene personalidad jurídica instrumental,
correspondiéndole al examen de las cuentas generales y particulares de la República
mediante auditorías, estudios e investigaciones especiales para rendir informe
a la Nación.
Así como elevar los casos no atendidos, a las máximas autoridades
nacionales, con el objeto de que se apliquen las sanciones a quienes les
corresponda, acciones que parecen haber desaparecido de las responsabilidades
de este importante órgano, que supone forma parte de la estructura que debe
garantizar transparencia. Suponemos que se debe a la inconsistencia y a lo
inoportuno de cómo vienen realizando el trabajo de fiscalización.
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La epidemia, de la corrupción
administrativa pública ha hecho irrupción en la prensa nacional e internacional
con una intensidad hasta desconocida si
se quiere y ello parece confirmar la corrección de la secular desconfianza
ciudadana en los gubernativos y en la política, sin dejar de recordar las
renuncias vicepresidenciales de Centro América, el último caso estremecedor de
corrupción ocurre en el mundo del deporte con el resonado caso de la FIFA., por
la misma razón, son botones de muestra.
Ciertamente la indignación y
la impotencia acompañan la desconfianza de la ciudadanía, pero ya hoy la
respuesta no parece ser más la resignación ciudadana. Por todas partes se
exigen acciones consecuentes de castigo y la ciudadanía y sus organizaciones se
integran activamente a esta demanda cada vez más creciente. Casi desde siempre la vida ha confirmado como
cierta la afirmación de que: “poderoso caballero es don dinero”. El mismo
parece ser un método eficaz para abrir las puertas más difíciles, romper las
piedras más duras, convencer las voluntades más tozudas y todo ello basado en
la promesa tácita o explícita, socialmente aprendida, de permitir las
satisfacciones más retorcidas.
Así, antes y ahora la codicia
ha sido y es una de las principales motivaciones de los seres humanos. La
búsqueda de la riqueza, cuya mayor expresión es el dinero como acumulación, es
uno de los objetivos más poderosos a los que los seres humanos ordenan su vida,
para lo cual utilizan los medios y corren los riesgos que fueren necesarios. La
corrupción es uno de estos medios y uno de esos riesgos.
Pero, sucede que con el cambio
de los tiempos las poblaciones, motivadas y hastiadas del engaño y del descaro
que además de delinquir ostenta, no están dispuestas a seguir viendo para otro
lado y reclaman a los poderes públicos acciones sancionadoras. Y así, como
suele suceder, la coyuntura es utilizada maliciosamente y a conveniencia por
los poderes públicos y privados que antes y ahora hicieron y hacen lo mismo, y
que aparecen como predicadores y exigentes de moralidad pública. …(Continua en la 2da.parte)
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