Por: Jesús Sánchez
SAN PEDRO DE MACORÍS. Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales problemáticas en la República Dominicana, registrándose de forma constante en todas las regiones y dejando cifras alarmantes, además de historias de dolor y superación, como las de Eliseo González y Juan Thomas Mejía, cuyos destinos y entornos familiares cambiaron tras sufrir siniestros viales en San Pedro de Macorís.
Los casos de Eliseo González y Juan Thomas Mejía evidencian cómo un siniestro vial puede redefinir por completo el destino de una persona y su entorno familiar, mientras especialistas advierten sobre la dimensión social, psicológica y económica del fenómeno.
ELICEO GONZÁLEZ
Hace 13 años, la vida de Eliseo González, residente en la avenida Mauricio Báez de San Pedro de Macorís, cambió de manera abrupta. Mientras se desplazaba como pasajero en un motoconcho, el conductor de un vehículo abrió la puerta de forma repentina, provocando un impacto que le ocasionó heridas graves. El desenlace fue devastador: la amputación de una pierna.
A la pérdida física se sumaron complicaciones derivadas de la diabetes y dificultades en la visión, lo que redujo aún más su movilidad e independencia. González recuerda que, luego del accidente, no recibió respaldo de ninguna aseguradora ni de empresa alguna vinculada al hecho, por lo que tuvo que apoyarse en familiares y allegados para iniciar su recuperación.
Durante dos años enfrentó terapias constantes, citas médicas y múltiples gestiones hasta lograr obtener una prótesis. Ese proceso implicó no solo esfuerzo físico, sino también desgaste emocional y económico. Adaptarse a la prótesis fue otro desafío: aprender a caminar nuevamente, recuperar el equilibrio y reconstruir la confianza en sí mismo.
Antes del accidente, durante años trabajó en una empresa de zona franca vinculada al área deportiva, lo que le permitía sostenerse y aportar a su familia. Hoy reconoce que las barreras físicas se combinan con obstáculos sociales y laborales. La falta de oportunidades para personas con discapacidad limita sus posibilidades de reinserción productiva.
González asegura que uno de los mayores retos no es únicamente la movilidad, sino el impacto psicológico que conlleva depender de otros para actividades cotidianas.
Considera que el país necesita fortalecer las políticas de inclusión y ampliar los programas de rehabilitación integral para quienes sobreviven a este tipo de tragedia.
JUAN THOMAS MEJÍA
La experiencia de Juan Thomas Mejía demuestra que los accidentes pueden tener un efecto acumulativo en la salud y la estabilidad económica. Hace unos 30 años sufrió un primer accidente que le fracturó la cabeza del fémur, lo que requirió una cirugía en la que le colocaron una placa, retirada dos años después.
En ese momento logró recuperarse y retomar sus actividades laborales, sosteniéndose por cuenta propia. Sin embargo, con el paso del tiempo la pierna afectada comenzó a debilitarse, generando molestias y limitaciones progresivas.
Años más tarde, mientras utilizaba un motor para buscar el sustento diario, sufrió un segundo accidente cerca de la escuela del sector 24 de Abril. Un niño se atravesó en la vía, perdió el control y el motor cayó sobre la misma pierna previamente lesionada. El golpe agravó significativamente su condición.
Desde entonces, su movilidad quedó aún más reducida, afectando directamente su capacidad de trabajo. La inestabilidad física trajo consigo incertidumbre económica y preocupación constante por el futuro. Mejía explica que, además del dolor físico, existe un impacto emocional al sentir que su capacidad de proveer a la familia disminuye con cada limitación.
Su caso refleja cómo la reincidencia en accidentes puede profundizar la vulnerabilidad de quienes dependen del trabajo informal y del uso cotidiano de motocicletas como medio de sustento.
LA VISIÓN SOCIAL
El sociólogo Frank Félix Solano sostiene que los accidentes de tránsito no pueden analizarse únicamente como hechos aislados. Apoyándose en las teorías de Émile Durkheim, explica el concepto de anomia social, entendido como la debilidad de normas y valores que regulan el comportamiento colectivo.
A su juicio, la imprudencia en las vías, el irrespeto a las leyes y la sensación de impunidad forman parte de un problema estructural. Aunque el accidente ocurre de manera individual, sus consecuencias son sociales: familias desamparadas, traumas psicológicos y comunidades afectadas.
El especialista considera que entidades como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre deben reforzar la prevención y trabajar de la mano con las comunidades para promover una cultura de respeto y responsabilidad vial. Para él, la solución no es solo sancionar, sino transformar comportamientos y fortalecer la educación ciudadana desde edades tempranas.
PSICOLOGÍA
La psicóloga Odalis Cedeño explicó que las personas que han sufrido amputaciones a causa de accidentes enfrentan un proceso complejo que va más allá de la recuperación física, ya que implica un profundo impacto emocional y psicológico.
Señaló que uno de los principales efectos es el trastorno de ansiedad postraumática, el cual puede manifestarse mediante miedo a salir a la calle, temor a utilizar vehículos o revivir constantemente el momento del accidente. “La pérdida de un miembro representa un evento traumático que afecta la percepción de seguridad de la persona y su confianza para retomar la vida cotidiana y laboral”, indicó.
Asimismo, destacó que los pacientes deben atravesar un proceso de duelo no solo por la pérdida de la parte del cuerpo, sino también por el cambio en su imagen corporal y en su rol dentro de la familia. Esta situación puede generar sentimientos de tristeza, frustración e incluso inutilidad, al considerar que no podrán desempeñarse de la misma manera que antes.
Cedeño enfatizó que el acompañamiento psicológico es fundamental para ayudar al paciente a aceptar su nueva condición, fortalecer su autoestima y desarrollar estrategias que le permitan adaptarse a su entorno. Recomendó terapias especializadas en trauma, así como programas de rehabilitación integral que incluyan apoyo emocional y orientación ocupacional.
También subrayó la importancia del apoyo familiar y social, así como el contacto con otras personas que hayan vivido experiencias similares, ya que esto contribuye significativamente al proceso de adaptación. “Con el tratamiento adecuado, la persona puede reconstruir su proyecto de vida, recuperar su sentido de utilidad y continuar siendo productiva dentro de la sociedad”, expresó.
EL IMPACTO ECONÓMICO
Desde el ámbito económico, Julio César Concepción Rodríguez explica que los accidentes de tránsito representan un golpe significativo para la economía nacional. Informaciones del Ministerio de Salud Pública y de las autoridades de tránsito indican que los siniestros viales figuran entre las principales causas de muerte y hospitalización por lesiones en el país.
Se estima que las pérdidas económicas rondan los US$3,000 millones anuales, equivalentes a aproximadamente el 2.5 % del Producto Interno Bruto. Solo los costos médicos, hospitalarios y de rehabilitación representan miles de millones de pesos cada año.
Los gastos incluyen transporte de emergencia, cirugías, medicamentos, terapias físicas, prótesis y tratamientos psicológicos. A esto se suma la pérdida de productividad cuando la persona lesionada no puede reincorporarse al trabajo o debe hacerlo en condiciones limitadas. En muchos casos, familiares abandonan sus empleos para convertirse en cuidadores, reduciendo aún más los ingresos del hogar.
Cuando las pólizas de seguro resultan insuficientes, las familias enfrentan endeudamiento, agotamiento de ahorros y dificultades para cubrir necesidades básicas. Esto convierte el accidente en un problema que trasciende lo individual y se transforma en una carga colectiva que impacta al sistema de salud, a la economía y al tejido social.
Las historias de Eliseo González y Juan Thomas Mejía ponen rostro humano a una estadística alarmante. Más allá de las cifras, cada accidente deja consecuencias que se extienden por años, afectando la estabilidad emocional, social y económica de quienes lo padecen. La prevención, el cumplimiento de la ley, la educación vial y el fortalecimiento de redes de apoyo psicológico y comunitario emergen como tareas urgentes para reducir una problemática que continúa marcando vidas en todo el país.
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