martes, 17 de noviembre de 2015

Proclamar transparencia, y otra vez transparencia (2-2 final)



Por: Lic. Julio César Concepción Rodríguez, MBA.,
Mail:jcconcepcion@yahoo.com


Los avances en materia de transparencia y acceso a la información también se han dado en el ámbito estatal, ya que actualmente todas las entidades oficiales cuentan con una ley de acceso. No obstante, es indispensable establecer criterios homogéneos para evitar las irregularidades en el ejercicio de este derecho. Así como coadyuvar en el desarrollo e implementación que sean necesarios a la normativa vigente en las distintas esferas de gobierno. 
El mayor impacto de la rendición de cuentas y la transparencia se observará en el largo plazo, implica continuar con el cambio cultural en la gestión administrativa, que fortalecerá la confianza en las instituciones públicas mediante la apropiación masiva del derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos.

En la aplicación de este derecho, los servidores públicos deberán aceptar que están sujetos a un escrutinio permanente, por cualquier persona, en cualquier momento y desde cualquier parte, pero también se deberá reconocer que la información en posesión del gobierno es un bien público que se encuentra al alcance de todos los dominicanos.



Para que la información que se pone a disposición de la sociedad sea útil, deberá ser de calidad. Esto permitirá evaluar al gobierno y realizar un ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información. Esta no tiene un beneficio real si no es comprensible. Para facilitar el acceso a información pública de calidad, es necesario continuar aprovechando las tecnologías de información y las comunicaciones. Con la finalidad de asegurar su utilidad para la ciudadanía, y la recurrencia de evaluar permanentemente su calidad. 
Promover la transparencia y la rendición de cuentas de los partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales y asociaciones de trabajadores. Fomentar una cultura cívica de transparencia y rendición de cuentas. Es imperativo, que la transparencia y la exigencia de la rendición de cuentas se vuelvan parte fundamental de la cultura cívico-política, es decir, que forme parte esencial de las actitudes y comportamientos permanentes de empresarios, sociedad civil, partidos políticos, organizaciones sindicales, servidores públicos y ciudadanos en general. 
La cultura de la transparencia debe permear en el ámbito educativo para impulsar la formación de una conciencia crítica y ética en los niños y jóvenes, que serán los hombres y mujeres del futuro llamados ha ejercer los derechos ciudadanos y exigir la rendición de cuentas a los gobernantes, debe asumirse como una doctrina convertirse en un imperativo.
El portal de transparencia en Rep. Dominicana, cuenta con un amplio conjunto de de leyes e instrumentos bien concebidos, pero de aplicación inefectiva por parte de los organismos rectores, que de aplicarse eficazmente los resultados no serían tan funestos como manifiestan las constantes denuncias en los medios. Se los describimos para edificar:
·        Ley No. 41-08 de Función Pública y que crea la Secretaría de Estado de Administración Pública.
·        Ley No. 481-08. Ley General de Archivos de la República Dominicana.
Reglamento de Aplicación de la Ley General de Archivos de la República Dominicana No. 481-08.
·        Ley No. 13-07 sobre el Tribunal Superior Administrativo.
·        Ley No. 10-04 que instituye el Sistema Nacional de Control Externo,  y de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
·        Ley No. 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República.
·        Ley No. 5-07 que crea el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado.
·        Ley No. 498-06 de Planificación e Inversión Pública.
·        Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con modificaciones de Ley 449-06. Reglamento No. 490-07 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras.
·        Ley No. 200-04. Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.
·        Decreto No. 130-05 que aprueba el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.
·        Ley No.423-06. Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.
·        Ley No. 6-06 de Crédito Público.
·        Ley No. 567-05 de Tesorería Nacional.
·        Ley No. 126-01 que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, que funcionará bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de Finanzas.
·        Ley 82-79 sobre Declaración Jurada de Bienes.

Parece paradójico con tantas debilidades detectadas, como ya hemos dicho por ineficiencia en la ejecución de los organismos fiscalizadores, que el conjunto de instituciones públicas, de organizaciones sociales y de iniciativas que hoy conforman las redes de políticas de transparencia constituyen una fortaleza de la nueva visión de gobernabilidad, por fomentar el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Por tanto, son elementos insustituibles del funcionamiento regular en nuestra sociedad. Ahora bien, tal reconocimiento requiere de una valoración crítica y abierta que reconozca, con el mismo sentido de transparencia y rendición de cuentas, las insuficiencias y los vacíos que existen en el seno de estas redes de políticas.

Un espacio de influencia positiva es el de la transparencia presupuestaria y el mayor control de la función pública. La transparencia presupuestaria ha servido también para ampliar las dos vías en que se ejerce la rendición de cuentas. En un sentido, la mayor disponibilidad de datos sobre los programas públicos, ha fortalecido el papel de los órganos legislativos para supervisar las asignaciones de gasto de los poderes ejecutivos. Pero también ha sido un medio eficaz, en otro sentido, para que los ciudadanos y las organizaciones civiles revisen el trabajo de los legisladores y cuestionen sus decisiones cuando modifican los presupuestos anuales.
El fortalecimiento de la gestión de las finanzas públicas y el aumento de la transparencia y monitoreo de las operaciones del Gobierno. La corrupción y el mal uso de los recursos son partes agravantes en la desigualdad económica de los países. Nuestra fuente de investigación resalta que “las élites políticas y económicas secuestran la democracia al utilizar su poder para inducir políticas públicas en su propio beneficio, a través de ‘lobismo ilegítimo’ o tráfico de influencias, asignación de contratos irregulares, obras sobrevaloradas, clientelismo y control de medios de comunicación”. Se vive una crisis perspicaz de la institucionalidad, que se expresa en vacíos, confusiones, distorsiones y una muestra clara del constante desacuerdo entre el discurso y la práctica de las instituciones y las autoridades con relación a cómo hacer frente a las prioridades y determinar el futuro del país.



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