El rol del contador público de frente al lavado de Activo

Por: Julio César Concepción Rodríguez, MBA.

 

En República Dominicana, los contadores tienen un rol crucial en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, según la Ley 155-17. Deben implementar sistemas de prevención basados en riesgos, identificar operaciones sospechosas, y cumplir con obligaciones de debida diligencia para evitar ser utilizados como vehículos para actividades ilícitas. 

La Ley 155-17 establece contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, los Sujetos Obligados. No Financieros siendo estoslas Personas Físicas o Jurídicas que realizan actividades profesionales, comerciales o empresariales, que por su naturaleza son susceptibles de ser utilizadas en actividades de lavado de activos.

Las obligaciones y responsabilidades de los sujetos obligados:

▪ Sujetos Obligados: La Ley 155-17 define a los contadores como sujetos obligados cuando realizan ciertas actividades específicas, como la compraventa de inmuebles, administración de bienes y cuentas bancarias, o creación de estructuras jurídicas, especialmente si involucran montos significativos. 

▪ Sistema de Prevención: Los contadores deben implementar un sistema de prevención del lavado de activos (PLA/FT) por escrito, que incluya políticas, procedimientos y controles para identificar, evaluar, monitorear y mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

▪ Debida Diligencia: Deben realizar una debida diligencia con sus clientes, que incluye la identificación y verificación de la identidad de sus clientes, la comprensión de la naturaleza de sus negocios y transacciones, y la evaluación de los riesgos asociados a cada cliente. 

▪ Reporte de Operaciones Sospechosas: Los contadores tienen la obligación de reportar al organismo correspondiente (Unidad de Análisis Financiero (UAF)) cualquier operación que consideren sospechosa de estar relacionada con lavado de activos o financiamiento del terrorismo. 

▪ Capacitación: Deben mantenerse actualizados sobre las leyes, regulaciones y mejores prácticas en materia de prevención del lavado de activos. 

 

 

El enfoque basado en riesgos: Nos conduce y, se hace necesario hacer referencia de  "Transparencia Internacional, que es la organización de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción. Se une a las personas en una poderosa coalición mundial para poner fin a los efectos devastadores de la corrupción en los hombres, mujeres y niños a nivel global. Esta a su vez. Promueve reformas legales, apoya la implementación de leyes y reformas que fortalezcan el estado de derecho y la lucha contra la corrupción. 

En lo que respecta a la parte jurídica, Transparencia Internacional. Promueve el patrocinio de leyes anticorrupción. Trabaja para que se aprueben leyes que penalicen la corrupción, como las leyes de transparencia, acceso a la información y protección de denunciantes. Apoya la implementación de tratados internacionales, fomentando la ratificación y cumplimiento de tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Respaldala independencia judicial. Busca garantizar que los sistemas judiciales sean independientes y puedan investigar y juzgar casos de corrupción de manera justa y transparente. Mismo promueve la capacitación de funcionarios, apoyando la formación de jueces, fiscales y cualquier otro funcionario público, que tenga alguna participación en la aplicación de las leyes anticorrupción. 

La ley de referencia exige un enfoque basado en riesgos, lo que significa que los contadores deben priorizar sus esfuerzos de prevención en aquellos clientes, transacciones o actividades que presenten un mayor riesgo de estar involucrados en lavado de activos. Algo que facilita la ardua labor del contador en esas actividades preventivas es auxiliarse de la IA., para reducir el tiempo e incrementar la precisión de los hallazgos, con el uso de la tecnología, cualquier dato es de fácil localización.

Consecuencias del Incumplimiento:

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 155-17 puede acarrear sanciones administrativas severas y penales para los contadores. Deben colaborar con las autoridades competentes, proporcionando información y cooperando en las investigaciones relacionadas con lavado de activos. 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Aboga por la independencia judicial. Busca garantizar que los sistemas judiciales sean independientes y puedan investigar y juzgar casos de corrupción de manera justa y transparente.   

El lavado de dinero, el cambio de grandes cantidades de dinero obtenidas de delitos, como el narcotráfico, por otras de origen legítimo.​​ Es un delito en muchas jurisdicciones con definiciones diversas. Es una operación esencial del crimen organizado y de la economía macerada. Por tanto el blanqueo de capitales viene de ocultar o encubrir el origen de beneficios obtenidos ilícitamente, de forma que parezcan provenir de fuentes legítimas. Normalmente es un componente de otros delitos graves como el tráfico de drogas, el robo con violencia o la extorsión.

 

En la Republica Dominicana el lavado de activo: Es combatido  a través de la aplicación de la Ley núm. 155-17, mediante proceso en el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales, persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes señalados en la Ley (artículo 2, numeral 15). En relación a lo antes expuesto, los contadores juegan un papel fundamental en la prevención del lavado de activos. La contabilidad forense acostumbra ser una gran aliada dada sus técnicas de aplicación en estas experticias. Su responsabilidad incluye la implementación de sistemas de prevención,  realización de la debida diligencia, reporte de operaciones sospechosas, y la colaboración absoluta con las autoridades. 

Las Medidas de Coerción en el Sistema Penal Dominicano

Por: Licda. Susan Aracelis Santana Valencio.

 

En el contexto del derecho internacional, según Baltasar Gracián, las medidas de coerción, no se refieren directamente a las restricciones legales a la libertad, sino a su visión sobre la naturaleza humana y el uso de la astucia. Gracián, enfatizaba la importancia de la prudencia, el conocimiento de uno mismo y de los demás para desenvolverse en la vida, incluyendo situaciones que podrían requerir medidas de coerción. 

Las medidas de coerción en el Sistema Penal Dominicano constituyen las restricciones a la libertad del imputado que se aplican para garantizar su presencia en el proceso judicial. Restringen la libertad de movimiento o las actividades del imputado, como verbigracia: La prohibición de salir del país, del territorio nacional o de una localidad determinada. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o la autoridad competente

¿Cuáles son las medidas coercitivas en el proceso penal?

a) Detención (policial). 

b) El  arresto ciudadano.

c) Detención Preliminar Judicial. ​

d) La prisión preventiva (Incomunicación).

 

Medidas de coerción personales que conforman en el sistema penal.  

a) Arresto domiciliario.

b) Arresto por orden de un juez.

c) Características de las medidas de coerción.

d) Colocación de localizadores electrónicos.

e) Derecho a recurrir.

f) Internamiento en un centro de salud mental

g) Obligación de presentarse periódicamente ante el juez o la autoridad competente.

h) Presentación de garantía económica.

i) Prisión preventiva.

j) Prohibición de salir del país, de una localidad determinada o del territorio nacional.

k) Se pueden revisar en cualquier etapa del procedimiento. 

l) Son excepcionales y deben ser proporcionales al peligro que se trata de resguardar. 

m) Son modificables y siempre serán declaradas por resolución fundada, motivada y escrita. 

n) Son provisionales y sólo durarán el tiempo que sea indispensable. 

 

Toda persona que se encuentre privada de su libertad o amenazada de ello, de manera arbitraria o irrazonable le asiste con toda propiedad el derecho de recurrir ante cualquier juez o tribunal. 

 

Las medidas de coerción son instrumentos legales que restringen los derechos personales o patrimoniales de una persona sujeta a una investigación penal. Se trata de disposiciones cautelares que tienen el propósito de evitar la sustracción del imputado del proceso, garantizando así su permanencia y perdurabilidad hasta la fase final del juicio. En nuestra normativa penal las medidas de coerción están prescritas en los artículos 223, 224 y 226 del Código Procesal Penal, ofreciendo un total de nueve medidas cautelares.

Existen dos tipos de medidas de coerción: Las medidas de coerción reales y las personales:

Las medidas de coerción reales: Son las que recaen directamente sobre los bienes de las personas afectadas, pudiendo devenir como consecuencia de la responsabilidad civil, multas o inclusive costos procesales. El Código plantea que cualquiera de las partes puede solicitarlas, incluso el Ministerio Público. Con estas medidas lo que se busca es garantizar el cumplimiento de determinada obligación surgida en el proceso penal a cargo de una de las parte.

Las medidas de coerción personales: En cambio, no tienen que ver con aspectos pecuniarios, sino más bien con la restricción de derechos individuales que siempre coartan la libertad como derecho del sujeto. Dichas medias pueden ser la citación, el arresto, el impedimento de salida, visitas periódicas e incluso la prisión preventiva.

Existe en la doctrina cierto debate con respecto a la citación y su definición como medida cautelar. Para algunos la citación no se trata de una medida de coerción ya que no siempre se emite por un juez contra una persona determinada, y por lo tanto no tiene carácter obligatorio. Sin embargo, parece tener primacía la comprensión de la citación como medida de coerción personal en virtud de que la misma implica un mandato obligatorio con respecto a la persona citada bajo consecuencias procesales coercitivas. Para la segunda postura, la citación siempre será una medida de coerción con respecto al imputado, pudiendo ser un mandato compulsivo con respecto a otras personas.

En nuestro Código Procesal Penal la citación, junto con el arresto, se ubica entre las medidas de coerción personales. Si es así, las medidas cautelares no pueden definirse partiendo de su propósito esencial, el cual es garantizar la permanencia de los imputados en los procesos, sino desde el efecto coercitivo que implica su emisión. La restricción del derecho a la libertad.

De todas las medidas cautelares con las que contamos en nuestro actual sistema procesal, la excepcional y más grave es la Prisión Preventiva. Aunque el código refiera que la misma es excepcional, prescribiendo observancias a su imposición como son los motivos por edad, inevitabilidad del peligro de fuga o incluso razones de salud, en la práctica la que normalmente se impone es precisamente la determinada por el artículo 226 numeral 7 del Código Procesal Penal. “El artículo 226 del Código Procesal Penal (CPP) de la República Dominicana establece las medidas de coerción que puede aplicar el juez contra un imputado. Estas medidas se establecen para garantizar que el imputado asista a todos los actos del procedimiento”. Mientras que el artículo 7 reza como sigue a continuación cito. “Art. 7.- Legalidad del proceso. Nadie puede ser sometido a proceso penal sin la existencia de ley previa al hecho imputado. Este principio rige además en todo lo concerniente a la ejecución de la pena o medida de seguridad ordenada por los tribunales. Art. 8.- Plazo razonable. Toda persona tiene derecho a ser”

Selección Dominicana de Baloncesto realiza prácticas en San Pedro de Macorís rumbo a la FIBA AmeriCup

 

San Pedro de Macorís. La selección nacional de baloncesto de la República Dominicana sostuvo este sábado una sesión de entrenamientos en el multiuso Rolando Ramírez, como parte de su preparación para la FIBA AmeriCup, que se celebrará en Nicaragua a finales de agosto.

La práctica fue dirigida por el entrenador Néstor José García, “Che”, y contó con la presencia de los principales jugadores que se han integrado hasta el momento al conjunto.

Decenas de aficionados se dieron cita para presenciar el entrenamiento, que tuvo como anfitriona a la Asociación de Baloncesto de San Pedro de Macorís (Abasapema).

Durante la jornada, la entidad entregó una placa de reconocimiento al dirigente argentino por su trayectoria y aportes al baloncesto dominicano.

Fuente El Tiempo

Detienen a tres jóvenes por carreras clandestinas en el Malecón de San Pedro de Macorís

 

San Pedro, RD. Agentes de la Policía Preventiva apresaron a tres hombres que fueron sorprendidos en flagrante delito realizando carreras clandestinas y maniobras peligrosas con motocicletas en el área del Malecón de esta ciudad, alterando el orden público.

Los detenidos fueron identificados como Luis Amin Martínez, Jancel Mercedes Segura y Francisco Alberto De la Cruz Aquino, todos mayores de edad y residentes en San Pedro de Macorís.

Según el reporte policial, la acción constituye una violación al artículo 220 de la Ley 63-17, que sanciona el manejo temerario, la calibración de motocicletas y la participación en competencias ilegales.

Durante la intervención, las autoridades también retuvieron dos motocicletas tipo pasola: una marca 3KJ de color negro y otra Suzuki de color azul, ambas sin documentación. Las mismas presentaban modificaciones en la moflería que generaban contaminación sónica.

Los vehículos fueron enviados al departamento de la Digesett y posteriormente serán trasladados al Canódromo de la Policía Nacional en Santo Domingo para los fines legales correspondientes.

Adultos mayores reciben títulos de propiedad directamente en sus hogares en San Pedro Macorís

 

San Pedro de Macorís, RD. Lo que para muchos era solo un papel, para otros fue la realización de un sueño largamente esperado. En un gesto de cercanía y humanidad, varios adultos mayores de San Pedro de Macorís recibieron, en la puerta de sus casas, los títulos de propiedad que les garantizan seguridad jurídica sobre sus viviendas.

La entrega fue realizada personalmente por la gobernadora Yovanis Baltazar y el director ejecutivo de la Comisión de Titulación, Duarte Méndez, quienes, siguiendo instrucciones del presidente Luis Abinader, se desplazaron casa por casa para llegar hasta personas que, por su edad o condición física, no podían acudir a la gobernación.

La jornada llenó de emoción los barrios de San Pedro, Quisqueya y Ramón Santana. Más que documentos, lo que se entregó fue tranquilidad y dignidad para decenas de familias que durante años vivieron en la incertidumbre de no tener un título que les respaldara legalmente.

Cada título entregado representa mucho más que una formalidad legal. Es la prueba de que el Estado puede acercarse a la gente cuando hay voluntad de servir. Y para quienes lo recibieron, es la garantía de que su hogar, al fin, les pertenece de forma oficial.

Velan restos del ex diputado Luis Martínez Peña en San Pedro de Macorís

Por Diosis Jiménez 

San Pedro de Macorís. – Los restos del ex diputado Luis Martínez Peña están siendo velados desde las 10:00 de la mañana de este martes en la Funeraria San Pedro, ubicada en la calle Rafael Deligne de esta ciudad.

Martínez Peña falleció la tarde del lunes en el Centro Médico UCE de Santo Domingo, tras varios meses aquejado de salud que lo mantenían postrado en cama.

El sepelio está programado para este miércoles a las 10:00 de la mañana en la Necrópolis San Pedro, ubicada en la Carretera Santa Fe.

En honor a su memoria, el Consejo de Regidores del municipio declaró luto municipal este miércoles, según informó su presidente, Felipe de los Santos.

Luis Martínez Peña fue diputado en dos ocasiones representando a San Pedro de Macorís. Además de su carrera política, fue un reconocido empresario del sector construcción, propietario de Materiales de Construcción Martínez Peña, ubicado en la avenida Francisco Alberto Caamaño, frente a la Parada de Astrapú. También poseía otros bienes inmuebles en distintos puntos de la ciudad.

Comunitarios de la zona sur de San Pedro exigen continuidad en reparación de calles

 

SAN PEDRO DE MACORÍS. Residentes de los sectores Pedro Justo Carrión, Villa Faro y San Antón, en la parte sur de esta ciudad, hicieron un llamado a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y de la Gobernación Provincial exigiendo la reanudación de los trabajos de reparación de sus calles, especialmente, la vía principal del sector Pedro Justo Carrión, la cual se encuentra en condiciones intransitables.

Según denunciaron, las brigadas que iniciaron los trabajos fueron retiradas sin dar explicaciones, dejando las calles abiertas y llenas de lodo.

Los moradores de esta zona, una de las más densamente pobladas de San Pedro de Macorís, han elevado sus voces en tono crítico, con el objetivo de llamar la atención ante las malas condiciones de las vías. Manifiestan que la situación afecta a estudiantes, comerciantes, transportistas y envejecientes, quienes deben desplazarse entre charcos y hoyos en medio del lodo y la basura.

Alexis de la Cruz, presidente de la Junta de Vecinos del barrio Pedro Justo Carrión informó: “Las brigadas de trabajo llegaron, picaron la calle, y la dejaron abandonada. Así no se puede”.

Dijo que se han realizado múltiples denuncias a través de medios de comunicación y redes sociales, sin obtener respuesta de las autoridades.

El gobernador Aracenis Villanueva, y la representante del Ministerio de Obras Públicas, Sebastián Mendoza, fueron contactados por líderes comunitarios del sector Villa Faro, a quienes manifestaron que “la obra está en carpeta”.

No obstante, la falta de cumplimiento ha provocado malestar en la comunidad. Los comunitarios advirtieron que, de no retomarse los trabajos en los próximos días, realizarán protestas pacíficas como medida de presión.

Alcaldesa de Ramón Santana: “Este puente salva vidas; no es un lujo''

 

RAMÓN SANTANA. La alcaldesa del municipio de Ramón Santana, en la provincia San Pedro de Macorís, Santa Valdez, hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Medio Ambiente para que establezcan una mesa de trabajo que permita destrabar los permisos pendientes y reanudar la construcción del puente sobre el río Soco.

Valdez expresó su preocupación por la paralización de la obra, la cual considera vital para la seguridad de los habitantes del municipio, especialmente ahora que se desarrolla la temporada ciclónica.

“Esta no es una obra de recreación, es una obra que salva vidas. Más de 20 comunidades dependen de este puente para mantenerse comunicadas. Pedimos a ambos ministerios que se pongan de acuerdo y agilicen los trámites”, manifestó. La funcionaria recordó que el presidente Luis Abinader ha mostrado total interés en que esta obra sea concluida, por lo que instó a los organismos responsables a actuar en consonancia con esa disposición.

“El presidente está comprometido con que esta infraestructura sea una realidad. Es momento de que los ministros ayuden al presidente en este propósito, porque la gente de Ramón Santana no puede esperar más”, puntualizó. 4 de agosto de 2025.

Según explicó la alcaldesa, los retrasos se deben a la falta de actualización en los permisos ambientales, un trámite que, asegura, debería haberse resuelto antes de adjudicar la obra. “El ingeniero responsable nos informó que todos los documentos están depositados, que solo falta una actualización. Incluso, está gestionando una reunión con autoridades de Obras Públicas para acelerar el proceso”, indicó.

Por su parte, el viceministro Elías Santana declaró, recientemente, que el puente sobre el río Soco está contemplado en el presupuesto nacional, pero que el proyecto continúa detenido por asuntos administrativos vinculados al Ministerio de Medio Ambiente.

Valdez insistió en que se trata de una obra prioritaria, no de lujo, y reiteró su llamado urgente a coordinar acciones. “No podemos seguir esperando. Cada día, sin este puente, significa riesgo para nuestras comunidades.

Pedimos que se sienten en una mesa de trabajo y que resuelvan ya”, concluyó.

Este puente, que ha sido una de las principales demandas de ese municipio, lleva años en proyecto sin que, sus moradores puedan ver realizada la obra.

Fuente El Tiempo