Por: Lic. Julio César
Concepción Rodríguez, MBA.,
Mail:jcconcepcion@yahoo.com
Los avances en materia
de transparencia y acceso a la información también se han dado en el ámbito
estatal, ya que actualmente todas las entidades oficiales cuentan con una ley
de acceso. No obstante, es indispensable establecer criterios homogéneos para evitar
las irregularidades en el ejercicio de este derecho. Así como coadyuvar en el
desarrollo e implementación que sean necesarios a la normativa vigente en las
distintas esferas de gobierno.
El mayor impacto de la rendición de
cuentas y la transparencia se observará en el largo plazo, implica continuar
con el cambio cultural en la gestión administrativa, que fortalecerá la
confianza en las instituciones públicas mediante la apropiación masiva del
derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos.
En la aplicación de este derecho, los
servidores públicos deberán aceptar que están sujetos a un escrutinio
permanente, por cualquier persona, en cualquier momento y desde cualquier parte,
pero también se deberá reconocer que la información en posesión del gobierno es
un bien público que se encuentra al alcance de todos los dominicanos.
Para que la información que se pone a
disposición de la sociedad sea útil, deberá ser de calidad. Esto permitirá
evaluar al gobierno y realizar un ejercicio eficaz del derecho de acceso a la
información. Esta no tiene un beneficio real si no es comprensible. Para
facilitar el acceso a información pública de calidad, es necesario continuar
aprovechando las tecnologías de información y las comunicaciones. Con la
finalidad de asegurar su utilidad para la ciudadanía, y la recurrencia de evaluar
permanentemente su calidad.
Promover la transparencia y la rendición de cuentas de
los partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales y asociaciones de
trabajadores. Fomentar una
cultura cívica de transparencia y rendición de cuentas. Es imperativo, que la transparencia y
la exigencia de la rendición de cuentas se vuelvan parte fundamental de la
cultura cívico-política, es decir, que forme parte esencial de las actitudes y
comportamientos permanentes de empresarios, sociedad civil, partidos políticos,
organizaciones sindicales, servidores públicos y ciudadanos en general.
La cultura de la transparencia debe permear en el
ámbito educativo para impulsar la formación de una conciencia crítica y ética
en los niños y jóvenes, que serán los hombres y mujeres del futuro llamados ha ejercer
los derechos ciudadanos y exigir la rendición de cuentas a los gobernantes,
debe asumirse como una doctrina convertirse en un imperativo.
El portal
de transparencia en Rep. Dominicana, cuenta con un amplio conjunto de de leyes
e instrumentos bien concebidos, pero de aplicación inefectiva por parte de los
organismos rectores, que de aplicarse eficazmente los resultados no serían tan
funestos como manifiestan las constantes denuncias en los medios. Se los
describimos para edificar:
·
Ley
No. 41-08 de Función Pública y que crea la Secretaría de Estado de
Administración Pública.
·
Ley
No. 481-08. Ley General de Archivos de la República Dominicana.
Reglamento de Aplicación de la Ley General de Archivos de la República
Dominicana No. 481-08.
·
Ley
No. 13-07 sobre el Tribunal Superior Administrativo.
·
Ley No. 10-04 que instituye el Sistema Nacional de Control Externo, y de la Cámara de
Cuentas de la República
Dominicana.
·
Ley
No. 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la
Contraloría General de la República.
·
Ley
No. 5-07 que crea el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado.
·
Ley
No. 498-06 de Planificación e Inversión Pública.
·
Ley
No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones con modificaciones de Ley 449-06. Reglamento No. 490-07 de Compras
y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras.
·
Ley
No. 200-04. Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.
·
Decreto
No. 130-05 que aprueba el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la
Información Pública.
·
Ley
No.423-06. Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.
·
Ley
No. 6-06 de Crédito Público.
·
Ley
No. 567-05 de Tesorería Nacional.
·
Ley
No. 126-01 que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, que
funcionará bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de Finanzas.
·
Ley
82-79 sobre Declaración Jurada de Bienes.
Parece paradójico con tantas debilidades
detectadas, como ya hemos dicho por ineficiencia en la ejecución de los
organismos fiscalizadores, que el conjunto de instituciones públicas, de
organizaciones sociales y de iniciativas que hoy conforman las redes de
políticas de transparencia constituyen una fortaleza de la nueva visión de gobernabilidad,
por fomentar el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero,
promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado
de la economía. Por tanto, son elementos insustituibles del funcionamiento
regular en nuestra sociedad. Ahora bien, tal reconocimiento requiere de una
valoración crítica y abierta que reconozca, con el mismo sentido de
transparencia y rendición de cuentas, las insuficiencias y los vacíos que
existen en el seno de estas redes de políticas.
Un espacio de
influencia positiva es el de la transparencia presupuestaria y el mayor control
de la función pública. La transparencia presupuestaria ha servido también para
ampliar las dos vías en que se ejerce la rendición de cuentas. En un sentido,
la mayor disponibilidad de datos sobre los programas públicos, ha fortalecido
el papel de los órganos legislativos para supervisar las asignaciones de gasto
de los poderes ejecutivos. Pero también ha sido un medio eficaz, en otro
sentido, para que los ciudadanos y las organizaciones civiles revisen el
trabajo de los legisladores y cuestionen sus decisiones cuando modifican los
presupuestos anuales.
El fortalecimiento de la gestión de
las finanzas públicas y el aumento de la transparencia y monitoreo de las
operaciones del Gobierno. La corrupción y
el mal uso de los recursos son partes agravantes en la desigualdad económica de
los países. Nuestra fuente de investigación resalta que “las élites políticas y
económicas secuestran la democracia al utilizar su poder para inducir políticas
públicas en su propio beneficio, a través de ‘lobismo ilegítimo’ o tráfico de influencias, asignación de
contratos irregulares, obras sobrevaloradas, clientelismo y control de medios
de comunicación”. Se vive una crisis perspicaz
de la institucionalidad, que se expresa en vacíos, confusiones, distorsiones y
una muestra clara del constante desacuerdo entre el discurso y la práctica de
las instituciones y las autoridades con relación a cómo hacer frente a las
prioridades y determinar el futuro del país.
