Por: Lic. Julio César Concepción Rodríguez, MBA.
Órgano instrumento de un sistema o actividad. Entre las significaciones de organismo, nos interesa enfatizar en aquella que asocia el término a una organización o una entidad que está compuesta por diferentes equipos. Disgregar, es parte, de la acción de trasladar ciertos servicios o funciones que desarrolla un poder general hacia otras delegaciones. El término es frecuente dentro de la estructura del Estado. Un organismo descentralizado, por lo tanto, no depende jerárquicamente del gobierno central y que tiene ciertas competencias y facultades autónomas, aunque funcione bajo la órbita estatal. Estos organismos pueden haber sido creados por un decreto del Poder Ejecutivo o por iniciativa del Congreso, funcionando incluso, aunque no en todos los casos, con recursos públicos derivados directamente de la administración central.
En todo momento se crean bajo lo que sería el resguardo de un acto de tipo legislativo.
Cuentan con personalidad jurídica propia. Poseen una red de oficinas y dependencias de diversa índole. Disponen de una estructura administrativa interna así como de los pertinentes órganos de administración y representación que les son necesarios para el desarrollo de sus funciones. Tienen personalidad, actividad, objeto y, por supuesto, patrimonio. Es preciso, establecer que los organismos se ponen en marcha por tres objetivos o misiones diferentes: para prestar un servicio social o público, para acometer estrategias relativas a áreas estratégicas o para aplicar recursos de finalidades de asistencia,
aunque cuentan con su autonomía, eso no impide que estén sujetos a la vigilancia o control de lo que es la Administración Pública Central, a través de los organismos designados por la Constitución, la Contraloría General de la Rep., y la Cámara de Cuentas.
Desde el inicio de la actual crisis universal sanitaria y por ende económica se han ofrecido distintas interpretaciones sobre su origen (guerra bacteriológica, comercial China EE.UU. etc.), y sus consecuencias de escala inmensurable en el sector financiero, y también asume que una de sus consecuencias es el reforzamiento de métodos que consideran necesario reducir el tamaño del Estado como receta para salir de la crisis, a pesar de que ese planteamiento está muy alejado de garantizar el bienestar para la mayoría de los ciudadanos. Partiendo de que el Estado Dominicano es el mayor empleador. Puesto que el bienestar es un bien público de carácter colectivo, si se reduce el tamaño del Estado será más difícil lograrlo. Para mejorar el bienestar se requieren políticas públicas que funcionen con criterios de eficacia, equidad y estabilidad, aunque para ello sea necesario mantener una elevada presión fiscal. O visto de otro ángulo, la acción del sector público resulta indispensable para regular el buen funcionamiento de los agentes económicos, tanto en períodos de dificultad como de bonanza económica.
Con la actual crisis se ha reforzado la tesis neoliberal, que consideran perjudiciales el gasto y las políticas públicas. Porque esa tesis parte del convencimiento ideológico de que la iniciativa privada es más eficiente para el conjunto de los sistemas económicos, de ahí las tonadas promocionales de alianzas publico privadas, de verdad esperemos que sean proyectos/contratos bien concebidos, porque en la historia de referencia no han resultados de beneficios para la mayoría, que en principio debe ser el objetivo principal. Lo expresamos de ese modo, dado los anuncios por parte del Gobierno Central de fusiones/cierres de múltiples órganos del estado, surge preguntar entonces ¿Dónde irán a parar todos esos empleados públicos, asignados en esas instituciones tendentes a desaparecer? En definitiva eso disminuye significativamente el bien común incrementando las dificultades de vida razonable a una gran parte de la población. Hay que actuar con sentido profundamente crítico. Debo aclarar que comparto la idea de la simplificación, eliminando las duplicidades de funciones repetitivas sin ningún sentido, o que agreguen valor al proceso. Pero no podemos dejar de lado considerar actuar conforme el concepto de economía positiva “que trata de establecer una cadena de relaciones causa-efecto entre los distintos hechos. De esa manera, será posible conocer los impactos en la realidad de cualquier cambio en las variables actuantes”.
La acción de los Estados y organismos internacionales es necesaria para mejorar la regulación de las economías en el actual contexto de globalización. Por ello, la actual crisis conlleva la reducción de las actividades públicas particularmente en el ámbito de las políticas sociales, al tiempo que ha forzado la activación de mecanismos de ayuda destinados a resolver los problemas del sector financiero, desviando recursos colectivos hacia los bancos. En lugar de esa estrategia, la salida de la crisis podría buscarse aumentando la recaudación de las Haciendas Públicas, con subidas selectivas de impuestos que refuercen la progresividad de los sistemas fiscales, (sabemos que hace tiempo está pendiente una reforma fiscal concienzuda) y con políticas macroeconómicas que estimulen la actividad y el empleo. No debe quedar excluida la creación de una banca pública capaz de competir con los bancos privados que contemple ofertas de múltiples servicios útiles para la economía y el conglomerado de los ciudadanos.
Es innegable que la crisis actual que ha ocasionado la pandemia del covid-19, ha fortalecido los ofrecimientos que insisten en otorgar a los mercados la regulación fundamental y casi exclusiva de las actividades económicas y, en consecuencia, proponen reducir a la mínima expresión el papel de los poderes públicos. Esta situación se ha tragado el período de crecimiento económico que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Que estuvo basado en gran parte en la coexistencia de economías compuestas en las que el Estado jugaba un papel fundamental como regulador y como impulsor de la economía y del bienestar social.
En la actual crisis, la hecatombe ha sido el sistema sanitario con una altísima luxación en el sector financiero. Sin embargo, a la hora de buscar y exigir responsabilidades, parece que todas las miradas se dirigen hacia el Estado, alegando que su dimensión excesiva desvía recursos de otras actividades y se imputa que sólo sirve para alimentar burocracias inútiles, además de onerosas. A parte de argumentar la reducción de su participación en actividades estatales en varios ámbitos, como es el caso de la no mejora significativa de la calidad de los gastos públicos, en especial en materia de políticas sociales. La irrupción de sociedades de muy distinta naturaleza en la esfera de las políticas sociales afecta el esquema y aplicación de las políticas asistenciales. Por tanto esto perturba la relación del Estado con los ciudadanos, al tiempo que ayuda a mejorar las condiciones.
La actual crisis ha hecho que la redistribución de la riqueza beneficie de manera más clara a las actividades financieras, inclusive el Estado ha liberado más de $60 Mil MM., del encaje legal, segmentado para inversión, mipymes, emprendurismo y consumo, activando importantes transferencias de dinero público destinas a ayudar a los sectores en crisis, fundamentalmente al sector bancario, sin que esas ayudas hayan resultado en beneficio de la ciudadanía en la proporción ni la intención con que fueron colocados en la banca. Pero tan poco han ido acompañados de una mayor presión fiscal específicamente destinada a combatir la especulación financiera.
A pesar de las enormes cantidades de fondos públicos que los bancos han recibido, todavía hoy es difícil para las pequeñas y medianas empresas, grupos de emprendedores, así como para la mayoría de la ciudadanía, conseguir crédito bancario. En lugar de utilizar los fondos públicos para cumplir esta función social (el compromiso de crédito), los grandes bancos han utilizado tales fondos para continuar con sus comportamientos especulativos. Como consecuencia, la hostilidad de la población hacia los bancos se ha acentuado todavía más es un aspecto clave para organizar las actividades tomando en cuenta lo social, sectorial y la segmentación geográfica.
