Una comisión de la Junta Central Electoral (JCE) designada para investigar la denuncia de que una presunta mafia se dedica a la expedición de certificados viciados de “nacidos vivos” para fines de registro de nacimiento, determinó que los hospitales de la región Este están cumpliendo con los controles establecidos.
La comisión, integrada por Dolores Fernández, directora nacional de Registro Civil, y Brígida Sabino, encargada de la Unidad Central de Declaraciones Tardías, se trasladó ayer a los hospitales Materno Infantil Nuestra Señora de la Altagracia, de Higüey, y el Regional Doctor Antonio Musa, de San Pedro de Macorís, objetos de la denuncia.
Además, estableció contactos con el Servicio Nacional de Salud, para que garantizara la presencia de los directores y el personal médico responsable de las áreas de atención a embarazadas y parturientas.
La comisión sostuvo, en un informe remitido al presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, que a las 11:00 de la mañana realizó su primera reunión en el hospital de Higüey con el director Jaime Rodríguez y otros miembros del personal encargado de diferentes áreas, quienes rechazaron las afirmaciones publicadas. Dice que Rodríguez resaltó que desde que se trabaja en alianza con la JCE, las informaciones contenidas en los certificados son más fidedignas, y que en sus declaraciones había informado que estas malas prácticas ya no eran comunes en el centro de salud.
Mientras que también se reunió con el doctor Guillermo Hernández, director del Hospital Regional Doctor Antonio Musa, quien manifestó igualmente que en su información había expresado que desconocía todo tipo de denuncia relacionada con ese tema y que existe un fiel cumplimiento de los procesos. Señaló también que actualmente se realiza un seguimiento responsable de estos procesos para evitar este tipo de irregularidades.
La seguridad
El informe presentado por la Comisión de la JCE contiene como soporte entrevistas, verificación de expedientes, así como documentos, libros de partos donde se emiten dichas certificaciones, entre otros, en las cuales se comprueba que ambas instituciones de salud cumplen con los requerimientos de seguridad exigidos.
La comisión estableció en su informe, que había comprobado que las declaraciones vertidas sobre negocios lucrativos de certificaciones de “nacidos vivos” no son veraces, ya que en el levantamiento que hizo utilizando entrevistas y verificación de expedientes, documentos y libros de partos de donde se emiten dichas certificaciones, en los hospitales citados se están cumpliendo con los controles requeridos para la seguridad de los registros de nacimientos.
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