Por: Lic. Julio César Concepción
Rodríguez, MBA.
Mail: jcconcepcion@yahoo.com
Con el afán quizás de
satisfacer o hacer sentir al pueblo incluido
en las acciones de fiscalización, vigilante de la transparencia y la auditoría
social, por sus constantes manifestaciones de insatisfacción, de cómo se viene
manejando el erario público, se han estado creando organismos de fiscalización
a la par con otros ya existentes, con el mismo concepto, criterios y cometido.
Lo que simplemente
aumenta la nómina de los órganos
destinados para tales fines, pero no contribuye a eficientizar ni garantiza la
razonabilidad de la calidad de la administración ni el flujo de la información
como se persigue, en nuestra opinión es más conveniente aunar los esfuerzos y vigorizar los organismos
que legítima y técnicamente están creados para los cotejos y hacerlos funcionar de manera eficaz y descontinuar su disgregación que sólo contribuye a hacer el sistema menos operacional.
Lo expresamos de esta
forma, porque se sigue hablando insistentemente de corrupción administrativa, y
de casos que con frecuencia resalta la prensa nacional, que de inmediato nos
pone a pensar a todos, que estará ocurriendo con órganos como: Cámara de
Cuentas, Contraloría Gral., Dirección Nacional de Persecución de la
Corrupción Administrativa, Liga Municipal, el Decreto 39-03, que Crea las Comisiones
de Auditoría Social, como mecanismo propio de la comunidad de control y
vigilancia de la construcción de obras de infraestructuras públicas, se agrega ahora la comisión de Veedores, son todos
organismos fiscalizadores, mismo hay un proyecto que cursa en las cámaras para
la aprobación del proyecto de ley sobre
el control y fiscalización de obras del Estado. Esta pluralidad no nos hace más
eficiente.
Hay que destacar que la Cámara de Cuentas esta actuando muy distante de las
concepciones y contenidos del mandato de la Ley 10-04, recordemos clausuró las
oficinas regionales, redujo en números la nómina de auditores, acciones
desvigorizantes del sistema de gestión, en su historia mas resiente los
resultados han estado muy por debajo en lo que respecta a su ejecución primaria
y por ende en su rendición de cuenta.
El veedor sujeto que tiene como misión vigilar, data según la
historia desde el año 1494, por mandado de la reina doña Isabel la católica, para comprobar los gastos ordinarios y tomar la cuenta del
que gasta cada día para que no acaeciera fraude en ella. En definitiva este tipo de actividad requiere de competencia técnica y más que
preclaro el mandato de la Ley 10-04, que reviste a la Cámara de Cuentas como
organismo supremo de la fiscalización y el control de las operaciones administrativas y económicas del Estado Dominicano.
Veeduría un modo
del Gobierno interactuar con la sociedad
Hasta finales del año 2009, se consideraba a la República
Dominicana como uno de los países de América Latina con menor participación
social, desde el punto de vista normativo. A todo esto nos olvidamos del
decreto 39-03, que data del año 2003, refiriéndose a la recién creada comisión
de veeduría, la incorporación de mecanismos de participación, enfocadas en
garantizar una seguridad razonable de
las buenas prácticas en la gestión pública.
La sociedad sola no podrá alcanzar los
resultados que espera. Para que funcione la democracia, para fomentar
el desarrollo, debe haber gobernabilidad, espíritu crítico y destinatario
con disposición de trabajar en objetivos comunes que definan claramente que
el involucrar todos los sectores es imprescindible para poder alcanzar los
objetivos.
Y es en ese ámbito que se introduce la veeduría
en los procesos, donde se invitan a personalidades de reconocida
reputación, de la sociedad civil, iglesias, empresarios y empresarias,
periodistas, politólogos, en interés de crear un espacio donde puedan aportar,
contribuir, vigilar, el buen uso de los fondos públicos.
La veeduría
ciudadana está llamada a incidir positivamente en la gestión de la
administración pública, a través del monitoreo, seguimiento y la vigilancia
social. Los procesos de veeduría fortalecen las políticas públicas y las hacen
más eficaces, al integrar la visión de la comunidad.
La necesidad de
empoderar a la población en el ejercicio de sus derechos y de fortalecer las actividades
de veeduría ciudadana, contribuyen al cumplimiento de los principios
constitucionales y los conceptos de transparencia, ética, eficiencia, eficacia,
equidad, servicios de calidad y garantizar los derechos y oportunidades para
todos y todas.
Quiero concluir
este escrito con la siguiente pregunta. ¿No será la comisión de veeduría lo
mismo que la comisión de auditoría social que se desprende del decreto 39-03?
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